Servindi, 30 de diciembre, 2015.- A puertas de iniciar un nuevo año, Servindi comparte la descripción de cinco personajes, algunos individuales y otros colectivos, que destacaron el 2015 por su trayectoria ejemplar. Estos se han desempeñado como promotores y defensores de los derechos de las comunidades y pueblos originarios fortaleciendo el movimiento indígena.

El equipo de Servindi rinde homenaje a estos hombres y mujeres que al actuar en defensa de sus derechos renuevan la lucha social y la esperanza en un mundo más humano y diverso.

Sus aportes, tanto académicos como en los espacios de la lucha social, conforman un legado que nutre, fortalece y reafirma el propósito de lograr el respeto y la reivindicación de los derechos individuales y colectivos, y revelan la necesidad de construir bases democráticas más justas.

A ellos y ellas, gracias.

Pedro García Hierro, “Perico”

Recordado como un hermano y compañero en el camino, “Perico”, como le conocen sus amistades más cercanas, dejó físicamente este mundo el 11 de julio. Llegó al Perú en 1971 para quedarse.

“Perico” fue un abogado nacido en España y se desempeñó como asesor y arduo defensor de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente de los pueblos amazónicos, con los que se relacionó y vinculó con gran esmero para sembrar entrañables raíces en él.

Se le reconoce como uno de los impulsores de la creación del Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH), el cual a su vez promovió años después la creación de la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Para el movimiento indígena amazónico ha sido un personaje clave en los últimos 40 años; sus aportes académicos y la humildad que lo caracterizó en el compartir con hermanos y hermanas indígenas son su más grande legado.

En un extraordinario esfuerzo editorial el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés) presentará muy pronto el libro: “Querido Perico”, una señera obra editada por el antropólogo Alberto Chirif y que reúne apreciaciones de 36 autores sobre el invaluable aporte de Perico.

Máxima Acuña de Chaupe

Desde mayo de 2011, la familia Chaupe lucha y enfrenta una serie de ataques de la empresa Yanacocha por causa de la defensa de su vivienda ubicada en Tragadero Grande, en la comunidad de Sorochuco, en la provincia de Celendín, Cajamarca.

La empresa minera que a toda costa busca ejecutar el proyecto Conga, en los últimos meses ha llegado al punto de cercar casi por completo el terreno de Máxima con el fin de evitar que ingrese o salgan Máxima y su familia, así como gente amiga que visita la zona.

Yanacocha, que ha recurrido incluso a la violencia física contra Máxima, sostiene que su accionar se ampara en supuestos instrumentos legales que le otorga la cuestionada justicia de la región.

Este año, en repetidas ocasiones, personal al servicio de la empresa causó destrozos en el predio de la campesina de 45 años. A la fecha nadie ha respondido por esto, así como por las agresiones físicas que ella y su familia han recibido en otros años.

Por un tema de salud, Máxima a veces tiene que abandonar su hogar dejando a alguien de su familia. Ni en esos casos la empresa ha dejado de vigilar la zona desde la caseta que instaló a inicios de año muy cerca de la casa de Máxima.

Ante esta injusticia, Máxima, junto a su familia, emprendieron una lucha vehemente que inspira a personas tanto en el Perú como en otras partes del mundo, y que llama a solidarizarse y alzar la voz en contra de los abusos de la empresa y la opresión de los derechos humanos.

El 8 de diciembre en Lima, Máxima Acuña obtuvo un reconocimiento especial de parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), por su lucha y defensa de estos derechos.

Los Espartambos

La pretensión de la empresa minera Southern Copper de ejecutar el proyecto Tía María en la provincia de Islay, región Arequipa, produjo un clima de incertidumbre tras los enfrentamientos entre los efectivos policiales y los pobladores que se oponían al ingreso de la empresa.

Los resultados de las escaramuzas se vieron en el centenar de heridos dejados en ambas partes, las cuatro personas asesinadas -dos agricultores, un obrero y un policía- y la imposición del estado de emergencia en la provincia.

Durante este conflicto surgen “los espartambos” como una forma de organización y resistencia de los pobladores, varones y mujeres. Protegidos con escudos de madera y haciendo uso de huaracas u hondas, protagonizaron uno de los conflictos socioambientales más importantes durante el 2015 y han impedido que el megaproyecto Tía María se imponga sobre la agricultura que la población local defiende.

La figura de estos defensores de la vida por sobre los abusos de la minería, incluso sirvió de dechado en Lima, donde en las marchas de solidaridad con el valle de Tambo varios jóvenes no dudaron en portar escudos al estilo de los denominados espartambos.

Las viudas de Saweto

En setiembre del 2014, en su camino a Brasil, cuatro líderes ashéninkas fueron asesinados cruelmente por sicarios que operaban al servicio de madereros ilegales. Los líderes eran: Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Melendez y Francisco Pinedo Ramírez.

Aunque las amenazas que sufrían los líderes y la comunidad nativa Saweto fueron notificadas a las autoridades, no se tomaron las medidas oportunas para prevenir tal desenlace.

Consumado el hecho, las viudas de los cuatro líderes lejos de arredrarse tomaron la posta y prosiguieron con las denuncias del crimen y las exigencias de titulación de sus tierras. Ellas son Julia Pérez, Ergilia Rengifo, Avelina Vargas y Lita Rojas.

Luego de un año, las exigencias fueron atendidas por el Estado titulándose las tierras e ingresando el título a los registros públicos. Aunque las mujeres consiguieron que se cumpla con su demanda, aún esperan que se haga justicia por los crímenes contra sus esposos y su comunidad.

César Estrada Chuquilín

En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar que obliga al Estado a proteger la vida e integridad de 47 personas opositoras al proyecto Conga, de la empresa minera Yanacocha, quienes han sido víctimas de diversos ataques y acusaciones por su postura.

Entre lo beneficiarios de la medida de la CIDH se encuentra el comunicador originario César Estrada Chuquilín, quien por cumplir con su labor informativa fue agredido en numerosas ocasiones e incluso amenazado de muerte.

Los ataques fueron perpetrados por la seguridad privada de la empresa minera como también por efectivos policiales.

La situación de Estrada no ha variado mucho tras la medida cautelar. Según señala, a la violencia física y el acoso se ha sumado ahora el hostigamiento judicial.

De manera arbitraria, ha sido acusado por los supuestos delitos de secuestro y hurto agravado por los que se le puede imputar hasta 33 años de pena privativa de la libertad. El juicio oral por estos cargos se llevará a cabo el 5 de enero de 2016.

Pese a lo ya sufrido, las amenazas hacia su vida no se detienen. El 15 de setiembre, junto a su esposa y otro defensor de los derechos humanos, fueron víctimas de un atentado contra sus vidas cuando dos sujetos no identificados dispararon armas de fuego y arrojaron piedras contra el carro en el que se transportaban.

Aunque la medida cautelar de la CIDH busque protegerlo, Estrada Chuquilín se ha visto en la obligación de detener momentáneamente su labor de comunicador social mientras vela por su integridad y la de su familia.