Servindi, 23 de diciembre, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

– Mundo Indígena Perú, 23 de diciembre, 2015 (Archivo mp3, 6 minutos, 51 segundos. Descargar con un clic en el enlace, luego clic derecho y elegir `guardar como´).

Mundo Indígena Perú – 23 de diciembre de 2015

Calidad del agua. La calidad del agua que consumen los peruanos sufrirá un cambio drástico debido a la reciente publicación del Decreto Supremo N° 015-2015 del Ministerio del Ambiente (Minam), el cual flexibiliza los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para este recurso.

Se tiene así que elementos sumamente tóxicos como arsénico y cromo podrán ser arrojados en las aguas que sirven tanto para consumo humano como para riego y ganadería, en porcentajes mayores a los establecidos en el 2008 por el propio Minam.

Al respecto, la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sostuvo que con estos cambios quienes se beneficiarán serán principalmente las empresas que no se han adecuado a los primeros ECA para agua.

Astucia de Afrodita. La empresa minera Afrodita logró apoderarse, bajo la modalidad de “servidumbre”, de más de 57 hectáreas ubicadas sobre territorio ancestral awajún en el distrito de El Cenepa, fronterizo con Ecuador.

Esto fue posible gracias a los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que conformaron en su momento el llamado primer “paquetazo ambiental”.

Las organizaciones indígenas de El Cenepa se encuentran coordinando acciones para enfrentar la situación de la cual se han enterado hace solo algunas semanas, debido al secretismo con que se manejan los documentos que sustentan el citado despojo.

TPP. Alrededor de 300 personas, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles el 18 de diciembre con el fin de pedir al Congreso de la República que no ratifique el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Sus principales críticas apuntaron a los grandes beneficios que le concede este tratado a las empresas transnacionales del sector farmacéutico, que se verían favorecidas en temas de patentes y competencia.

Candidato indígena. El indígena originario del pueblo Shipibo Conibo Miguel Hilario presentó a los miembros de su plancha presidencial en un mitin realizado el 19 de diciembre en el distrito de Carabayllo, donde reafirmó su candidatura a la Presidencia de la República.

Su programa contempla cuatro puntos: inversión en educación, nutrición y salud; inversión en seguridad ciudadana; diversificación macroeconómica; y gobierno electrónico.

Dichos ejes son: una economía sin exclusión, un Estado sin corrupción, derechos sin discriminación y progreso sin contaminación.

Uno de sus primeros planteamientos fue que en un eventual gobierno suyo se renegociará los contratos con las empresas petroleras y gasíferas, y se fortalecerá a Petroperú con el fin de tener una política energética soberana y sostenible.

Llamado a votar. El líder histórico de las luchas campesinas Hugo Blanco Galdós expresó que todos debemos esforzarnos y colaborar con Verónika Mendoza y el Frente Amplio para que “obtenga la mayor votación posible”.

El llamado lo hizo luego de que se difundiera, sin su autorización, un texto en el cual hacia una serie de observaciones a la candidata, lo que dio pie –señaló– a varios malentendidos.

Estrategia de Southern. La entrega de panetones y juguetes por la empresa minera Southern en los colegios de la provincia de Islay causó malestar y el rechazo de la población del Valle de Tambo que ve en esta acción una estrategia deliberada para favorecer el proyecto Tía María.

De acuerdo al informativo de Arequipa, Puerto Bravo Noticias, Southern distribuyó obsequios en varios centros educativos de los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón aprovechando el contexto de las fiestas navideñas y de fin de año.

“No aceptaremos regalos de la empresa minera, lo que queremos es que se vaya”, se quejaron los padres de familia en los exteriores del colegio San Martín de Cocachacra, quienes devolvieron los regalos.

Bagua. Asociaciones que abogan por los derechos humanos pidieron a las autoridades respetar escrupulosamente el derecho al debido proceso de los acusados por el caso “Curva del diablo”.

Sostuvieron que ésta es la única manera de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas y sus familiares.

El llamado se efectuó cuando se espera que próximamente se dicte sentencia en el citado juicio seguido contra 53 personas, incluidos miembros y líderes de comunidades indígenas.

Ellos son acusados de la muerte de 12 policías y de las lesiones causadas a otros 18, en el año 2009, en Bagua, departamento de Amazonas.

Asociación ilícita. El Gobierno impone ilegítimamente la figura legal de “asociación ilícita para delinquir” con el fin de contrarrestar las protestas sociales que surgen en el país que se oponen a proyectos extractivos.

Así lo sostuvo David Velazco, abogado de la organización Fedepaz, durante la presentación del 17° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

Explicó que se trata de una nueva estrategia del gobierno para seguir criminalizando la protesta social y que ésta se viene aplicando contra personas o líderes sociales que se movilizan en el marco de la ley y que sienten que sus voces de reclamo no son escuchadas.

Base de Datos. El 18 de este mes se publicó el listado de comunidades de los pueblos quechuas en el país, con información de las regiones de Áncash, Lima y Pasco.

De esta manera el Ministerio de Cultura anunció la conclusión de la primera etapa de elaboración de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI).

Actualmente, esta base contiene información sobre 55 pueblos indígenas: 51 amazónicos y 4 andinos.

EITI. La asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) fue elegida para representar al sector de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por su sigla en inglés).

Se trata de una alianza internacional que reúne a gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil para transparentar los pagos e ingresos que los gobiernos reciben de las empresas, con el fin de fomentar el desarrollo de los países miembros.