Servindi, 17 de diciembre, 2015.- El congresista fujimorista Carlos Tubino y el ex-oficialista Amado Romero son los promotores de dos iniciativas legales que buscan derogar el Decreto Legislativo 1220 y suspender por cuatro años las acciones de interdicción contra los pequeños extractores forestales.

Así lo advirtió un informe legal elaborado por la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) que sostiene que los proyectos de Ley N° 4917/2015-CR y N° 5021-2015-CR, de autoría de Tubino y Romero, respectivamente, carecen de fundamento.

Ambas iniciativas contradicen los compromisos en materia ambiental asumidos por el Perú durante la Cumbre Climática COP21 realizada en París, Francia, entre los que destaca el rol de proteger los bosques.

Carlos Arias-Schreiber es un político y Almirante en retiro que milita en el partido fujimorista Fuerza 2011. Fue electo congresista de la República por la región Ucayali en el 2011.

Amado Romero, conocido como congresista “come-oro” es dueño de dos concesiones mineras superpuestas a una concesión forestal de más de mil hectáreas de bosque primario en Madre de Dios para la producción de castaña, como lo reportó el diario El Comercio.

Frenar marco legal

Las inicitivas legislativas buscan debilitar el marco legal que reprime la tala ilegal y que fue promulgada por el gobierno en el marco de la Ley N° 30336, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de un conjunto de delitos, entre estos la tala ilegal.

El Ejecutivo promulgó el DL 1237 que modifica varios artículos relacionados a delitos contra los recursos naturales del Código Penal, y el DL 1220, que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal,

Ambos decretos buscan frenar la tala ilegal en Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, incluyendo además zonas del patrimonio forestal, donde no se han otorgado títulos habilitantes.

“Tales áreas son las que presentan los mayores problemas de pérdida de cobertura forestal”, sostuvo Isabel Gonzales, especialista forestal de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Proceso de implementación

Para implementar el DL 1220 es necesario establecer acciones coordinadas entre la Policía Nacional del Perú, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.

Las iniciativas buscan detener la implementación del marco legal de protección que aún precisa de algunos lineamientos y normas previas por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Ministerio de Agricultura y Riego y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

También se requiere suscribir acuerdos interinstitucionales con la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI); así como contar con un ordenamiento forestal y un sistema de información en tiempo real, que facilite la implementación de la norma.

Reforzar lucha contra la tala

Isabel Gonzales sostiene que se requiere reforzar la coordinación entre diversos sectores y niveles del Gobierno que intervienen en los bosques, e implementar un sistema de información que verifique el origen legal de la madera, un compromiso adquirido en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

También se necesita un ordenamiento forestal, efectuar inventarios forestales y fortalecer la descentralización forestal, debido a que las autoridades regionales forestales son las que en su mayoría autorizan el aprovechamiento de los bosques, regulan la movilización de los productos del bosque, producen la información, entre otras funciones relevantes.

El grave problema de la deforestación

En los últimos años la tasa de deforestación en el Perú se incrementa y una de sus causas es la tala ilegal; una actividad que vulnera los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de las personas, genera pérdidas al Estado por evasión tributaria y genera una competencia desleal con el manejo forestal formal.

Muestra de la impunidad de la tala ilegal es lo ocurrido en la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto, donde pese a las constantes denuncias de ingresos de taladores ilegales al territorio comunal, las autoridades regionales y nacionales no realizaron ninguna acción.

Ello fue un aliciente para que los taladores continúen sus actividades, siendo estos últimos sindicados como responsables de la muerte de cuatro líderes indígenas.

Acceda al análisis legal de los proyecto de Ley con un clic en el siguiente enlace:

Análisis preliminar sobre las normas aprobadas para combatir la tala ilegal