Servindi, 1 de diciembre, 2015.- La tala ilegal que tanto perjudica a la Amazonía y a muchos pueblos que allí habitan podría verse reforzada de prosperar la iniciativa presentada por el congresista fujimorista Carlos Tubino, la cual busca invalidar el Decreto Legislativo Nº 1220, aprobado en setiembre por el Ejecutivo.

Ante dicha amenaza, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), asociación civil sin fines de lucro, argumentó a favor del citado decreto, y solicitó el archivamiento del proyecto de Tubino a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

Decreto Nº 1220

El Decreto Legislativo N° 1220 establece un régimen de interdicciones contra la tala y tráfico ilegales de productos maderables. Asimismo, establece una serie de acciones excepcionales que puede adoptar el Ministerio Público para afrontar los citados delitos.

Según el artículo 3 de la norma, su ámbito de aplicación es dentro de las áreas naturales protegidas, zonas reservadas, áreas de conservación regional, zonas de amortiguamiento, y demás zonas del patrimonio forestal y de fauna silvestre en donde se desarrollen actividades que no cuenten con los permisos correspondientes.

¿Qué dice al respecto Tubino?

Para el congresista fujimorista, sin embargo, dicha medida “vulnera el derecho a la consulta previa de los pueblos amazónicos y los principios rectores de la Ley Forestal. No obstante, explica la SPDA, la norma resulta resulta ser todo lo contrario.

La organización explica así que la norma es de alcance general y “no vulnera directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, menos aun negativamente”.

Por el contrario, continúa, “persigue más bien la definición de mecanismos legales para combatir actos ilícitos, los cuales sí amenazan y ponen en riesgo los derechos colectivos”.

Respecto a la supuesta vulneración de la Ley Forestal que señala Tubino, la SPDA precisó que las interdicciones que se den en el marco del decreto en cuestión se aplicarán a actividades ilegales, y por lo tanto no pueden afectar las actividades lícitas y autorizadas que se realizan en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos.

Cabe precisar, como señala la asociación civil, que en su propuesta el congresista de Fuerza Popular, y enemigo declarado de las áreas naturales protegidas, no propone ninguna medida que reemplace o modifique lo propuesto por el Decreto Nº 1220.

El proyecto de Amado Romero

Otro proyecto contra el que también se pronunció la SPDA fue el presentado por el congresista Amado Romero, de Dignidad y Democracia, ante la Comisión Agraria, el cual ataca el artículo 7 del Decreto Nº 1220, referido a los casos en los que el Ministerio procede a la interdicción.

Según Romero, la tala ilegal se encuentra debidamente legislada tanto en lo administrativo como en lo penal a través de normas como la Ley Forestal, por lo que el Decreto 1220 “sobre regula” esta actividad.

Al respecto, la organización civil sostuvo que el citado decreto “define medidas para combatir actividades de tala ilegal y tráfico ilegal de productos maderables en el territorio nacional, y no afecta a los ciudadanos formales que desarrollan actividades en el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus Reglamentos”.