Servindi, 23 de junio, 2015.- Ni bien surgieron las primeras amenazas al trabajo que realizan las ONG en el Perú, Irene Horejs, representante en el país de la Unión Europea, fue la primera en pronunciarse respaldando el trabajo que estas realizan. Esta semana fue el turno del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

Esta plataforma, que agrupa a cientos de organizaciones en todo el mundo, fue creada en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

El Observatorio coincide con el pedido que hiciera la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) —que agrupa a las oenegés de desarrollo del país— de derogar la nueva directiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por limitar el derecho de asociación en el país.

Precisa así que dicha traba contraviene “los estándares en derecho internacional de los derechos humanos”. En ese sentido, explica que la directiva, aprobada el 19 de mayo de este año, establece nuevos procedimientos para la renovación de los registros de las oenegés de desarrollo así como de las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX).

Asimismo, la plataforma coincide en cuestionar que entre los nuevos requisitos impuestos para la renovación se esté exigiendo la “supervisión previa, el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la misma e imponiendo, además, como nuevo parámetro de la supervisión, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país”.

Sin fundamento

El Observatorio consideró que estas nuevas medidas no tienen fundamento, ya que antes de la norma, la utilización de los recursos provenientes de la cooperación internacional era estrictamente fiscalizada por el Estado a través de informes a la APCI, y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), ministerios, gobiernos regionales, además de evaluaciones y auditorías independientes por parte de los mismos financiadores.

De otro lado, manifestó su preocupación porque esta nueva regulación se produzca “coincidiendo con un clima de alta conflictividad social en Perú en los últimos meses, algo que no puede ser utilizado como pretexto para limitar el derecho a la libertad de asociación”.