Servindi, 6 de junio, 2015.- Alrededor de 400 personas marcharon ayer por las calles de Lima para exigir justicia y protestar por que los responsables políticos del Baguazo, que tiñó de sangre la amazonía el 5 de junio de 2009, no hayan asumido ninguna responsabilidad ante la justicia.

La movilización convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se inició en la Plaza San Martín y llegó hasta el Palacio de Justicia con la nutrida concurrencia de indígenas, estudiantes y trabajadores.

Henderson Rengifo Hualinga, presidente de Aidesep denunció que los únicos procesados son 53 líderes indígenas enjuiciados injustamente, entre los que figuran el ex-presidente de Aidesep Alberto Pizango y el dirigente Santiago Manuin.

Rengifo denunció que el Poder Judicial no ha considerado “a los verdaderos responsables políticos, el ex-presidente Alan Garcia y sus ministros, que ordenaron el operativo policial” que derivó en 33 fallecidos y un desaparecido.

“No podemos permitir que sólo se quiera culpar a los pueblos indígenas, mientras que “los verdaderos responsables políticos andan libres”.

“Tenemos que denunciar públicamente, al Perú y al mundo, que ellos son los responsables por la matanza que hemos enfrentado los pueblos indígenas y los hermanos policías”, remarcó Rengifo.

El 2014 se inició el juicio contra los dirigentes indígenas acusados de incitar a la violencia y presuntamente dar muerte a los policías y civiles.

Sin embargo, la justicia ha excluido a las autoridades políticas de toda responsabilidad en la represión policial que generó la reacción violenta de los indígenas y los enfrentamientos que terminaron con los decesos.

5 de Junio: Día de la Dignidad

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) declaró el 5 de junio como el Día de la Dignidad de los Pueblos Indígenas Amazónicos “en recuerdo de la memorable lucha librada” por los indígenas en Bagua, Amazonas.

Para tal efecto, dispuso que “cada año se realizarán actos conmemorativos en toda la Amazonía donde existan pueblos indígenas”.

La resolución de Aidesep declara como héroes de los pueblos indígenas amazónicos “a todos los hermanos caídos, los heridos indígenas y amazonenses y los indígenas injustamente procesados” y por lo que sus nombres “darán vida a los locales comunales, calles y avenidas y otros establecimientos públicos y privados”.

Denuncian a Alan García

Los familiares de 23 policías muertos en Bagua denunciaron ayer a Alan García y a dos ex-ministras por homicidio culposo ante la fiscalía de la Nación.

“La denuncia básicamente estriba a que, pese al tiempo transcurrido, son seis años de haberse producido estos hechos y no existe ningún tipo de sanción contra los autores y quienes tienen que ver con estos hechos”, declaró el abogado William Contreras a RPP Noticias.

El letrado dijo que el exmandatario estuvo inmune de cualquier denuncia sobre estos hechos y protegido por el requerimiento de un antejuicio.

La hermana de uno de los policías fallecidos, Nancy Salcedo, dijo a RPP Noticias que “queremos encontrar a los responsables de los hechos” y pidió a la fiscalía que tenga en cuenta que esperan justicia para sus familiares.

“Para nosotros, todavía no se cierra la herida, no se cierra el círculo, porque no se ha establecido a los verdaderos culpables, a los verdaderos responsables”, agregó Salcedo.

El Baguazo y sus causas estan intactas

Las causas mediatas del conflicto se mantienen intactas pues “existen problemas estructurales por resolver en la relación Estado y los Pueblos Indígenas, principalmente, la adecuación de su Constitución, su normativa y sus instituciones a los estándares fijados por el sistema internacional de los derechos humanos”.

Así lo consideró La Verdad de Bagua. Informe en minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua y que realizaron el líder indígena Jesús Manasés y la religiosa Maricarmen Gómez Callejas, del Vicariato de Jaén.

La protesta se decandenó a raíz de un paquete de decretos legislativos aprobados por el gobierno de García para favorecer actividades extractivas dentro de los territorios indígenas.

Cabe recordar que el conjunto de decretos legislativos que ocasionó la protesta indígena se produjo luego de otorgarse facultades legislativas al Ejecutivo como el Ejecutivo actual lo solicita al Congreso de la República y con la misma finalidad.

Las medidas legislativas expedidas por el gobierno de Alan García fueron expedidas sin ninguna explicación a la ciudadanía y sin consulta a la población indígena afectada.

La respuesta del Estado fue desviar la atención sobre los cuestionamientos jurídicos a las iniciativas legales y responsabilizar por la protesta a instituciones civiles y religiosas, gremios, partidos y medios de información solidarios con las demandas indígenas.

El saldo del conflicto fue: 33 personas muertas (23 policías y 10 civiles), un policía desaparecido (Felipe Bazán Soles), 205 personas heridas (172 entre indígenas y mestizos, 50 de ellos con impacto de bala, y 33 policías); y más de 100 personas detenidas entre nativos y mestizos.