Servindi, 26 de mayo, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

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Mundo Indígena Perú: 26 de mayo de 2015

Estado de emergencia. El 22 de mayo, el Gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia arequipeña de Islay, luego de que se registrara la muerte del agricultor Ramón Colque Vilca, producto de un disparo de bala.

Se trata del cuarto fallecido en lo que lleva el conflicto este año: tres civiles y un policía.

En el 2011, el mismo conflicto produjo la muerte de tres civiles.

La muerte del agricultor se produjo a pocos días de cumplirse dos meses de las protestas contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern, de capitales mexicanos.

Pese a las evidencias, el gobierno se empeña en evadir su responsabilidad al sostener que el proyectil no provino de la policía.

A raíz del estado de emergencia, pobladores de Islay denuncian el ingreso de policías y militares a sus domicilios para detener principalmente a varones y jóvenes, incrementándose así el clima de zozobra e inseguridad en la población.

Inconsistencias. Una investigación periodística del portal CONVOCA reveló graves inconsistencias en el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María.

Por ejemplo, revela que no incluye el Estudio de factibilidad de la planta desalinizadora y que es fundamental para garantizar que sólo se usará agua de mar en las operaciones y no otras fuentes de agua como el río Tambo.

Lo mismo ocurre en referencia a los desechos contaminantes pues, según el informe, el EIA no detalla ni garantiza el tratamiento eficaz de estos residuos tóxicos.

Además, no contempla un sistema impermeable para evitar la filtración de agua ácida para el caso del tajo La Tapada, el más próximo al Valle de Tambo.

Aislados. La situación de los indígenas nanti de la zona de Camisea, en la selva sur del país, no ha mejorado en temas como salud, alertó la antropóloga Frederica Barclay, quien participó de un diagnóstico sobre la situación de este pueblo en aislamiento voluntario y contacto inicial.

Según Barclay, si bien las tasas de mortalidad han disminuido en la última década, siguen siendo varios los peligros que deben afrontar a causa de la ampliación de las actividades de hidrocarburos en la zona y la actitud del Gobierno.

La antropóloga afirmó que los nantis están siendo integrados a programas asistencialistas del Estado y “se están convirtiendo en pobres extremos sin que se hayan siquiera enterado”.

Por otra parte, no restó validez a las versiones que sostienen que existe un plan que busca disolver en los hechos la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros, que los acoge, para dar paso al avance de las actividades extractivas.

Espinar. Ante la inacción del Gobierno y la empresa Glencore, pobladores de la provincia cusqueña de Espinar, acudieron a las Naciones Unidas para denunciar la contaminación minera que afecta su salud y medio ambiente.

Los afectados que habitan cerca de la mina Tintaya – Antapaccay presentaron un informe legal al Relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, Leo Heller y al Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas.

En el documento, elaborado con la asistencia de organizaciones peruanas y extranjeras, los pobladores solicitan determinar si los gobiernos de Suiza y Perú así como Glencore, respetaron sus derechos humanos.

Otra vez Yanacocha. El 22 de mayo trabajadores de la empresa minera Yanacocha, en Cajamarca, derribaron una nueva construcción levantada por la campesina Máxima Acuña y su familia en su predio de Tragadero Grande.

El hecho se dio cuando en el predio se encontraba solo Maribel Gil Briones, pariente de Máxima.

Según Ysidora Chaupe, hija mayor de la campesina, Gil Briones resultó herida producto de las piedras arrojadas por algunos policías cuando esta fue hacia ellos a reclamar por las calaminas y maderas que se llevaban.

Según la empresa, la construcción derribada se encontraba en “sus predios”, algo que fue negado por la hija de Máxima y en otras ocasiones por esta misma.

Cuarto paquetazo. En una veloz maniobra, mientras la atención se centraba en el conflicto por Tía María, el Pleno del Congreso aprobó el 15 de mayo la segunda parte del “Cuarto Paquetazo Antiambiental”.

La iniciativa del Ministerio de Economía promueve otorgar tierras a los concesionarios de proyectos si al cabo de 15 días de solicitadas no hay un pronunciamiento del sector encargado de expedir el permiso.

Otro de los temas polémicos es el capítulo destinado a las expropiaciones y al otorgamiento de servidumbres.

Al respecto, organizaciones indígenas y campesinas anunciaron medidas de protesta para los próximos días.

Hidrovías. Un artículo del abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), reveló una serie de omisiones de parte del Estado en el impacto que tendrá el proyecto Hidrovías en varios ríos de la Amazonía.

El texto plantea en total 16 interrogantes. Una de ellas, por ejemplo, es por qué se impulsa y aprueba un proyecto cuando se carece de información científica, real y objetiva sobre sus impactos en la vida de los pueblos indígenas.

En ese mismo sentido, el autor se pregunta también si en algún momento se evaluará o no el impacto social, cultural y espiritual del proyecto en un estudio de impacto ambiental (EIA) detallado.

Vigilancia indígena. A fin de fortalecer y articular la vigilancia que realizan los pueblos originarios sobre sus territorios y recursos, esta semana se lanzó el proyecto “Fortalecimiento de la vigilancia indígena para vencer la discriminación de los pueblos en las decisiones sobre sus territorios”.

El proyecto a cargo de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) beneficiará a comunidades de las regiones Loreto, Ucayali, Junín y Cusco.