Servindi, 14 de abril, 2015.- Hoy se define el destino de la fiscalización ambiental en el Perú y la fe puesta en la entidad a cargo de esta labor no es de las más alentadoras.

Así lo dejó ver Henry Carhuatocto, presidente del Instituto IDLADS con motivo del fallo que el Indecopi dará a conocer en relación al pago del Aporte por Regulación (APR) al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En conferencia de prensa, Carhuatocto explicó el marco en el cual se busca debilitar al organismo al punto de dejarlo sin ningún tipo de recursos. Esto con el fin de que las empresas mineras puedan actuar a sus anchas sin que nadie las fiscalice.

En el citado marco se encuentra la Ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, que limitó los ingresos que el OEFA obtenía a partir de las multas impuestas a las empresas por contaminación al medio ambiente.

Si bien esta norma de por sí ya representa un duro golpe financiero al OEFA, lo peor podría suceder mañana de conseguir su propósito la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y sus miembros, de dejar sin efecto el Aporte por Regulación.

En el caso de la SNMPE la medida interpuesta contra el APR se hizo a través de una acción popular, mientras que en el caso de sus miembros, cuatro mineras, se hizo a través de una denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.

Estas mineras son Pampa de Cobre S.A., Vichaycocha S.A.C., Corona S.A.C. y Caudalosa S.A. Estas argumentan que el APR resulta ser “una barrera burocrática que no las deja invertir en el Perú”.

De ser favorable a las empresas el resultado de mañana, el daño al OEFA sería letal ya que a través de este tributo obtiene el 80 por ciento de su presupuesto.

¿Por qué las empresas mineras deben pagar el APR?

De acuerdo a Carhuatocto este impuesto tiene una base legal que es el principio de internalización de costos.

“Toda actividad ambientalmente peligrosa debe internalizar los costos de los daños que pueda ocasionar y en este caso una forma de hacerlo y de prevenirlo es que pague su aporte”, explicó.

“No cumplir con este pago atenta contra el principio de prevención y vigilancia ambiental” agregó.

En peligro fondo para remediación

Otra de las dificultades que causaría la desactivación del pago del APR tiene que ver con el destino que les aguarda a los pueblos indígenas u originarios de Loreto, afectadas por más de 40 años de actividad petrolera.

Según una reciente norma, el OEFA iba a desembolsar la suma de 20 millones de soles para financiar acciones de remediación ambiental en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

Sin embargo, ante el nuevo escenario esto va ser difícil de cumplir. Medidas como dejar sin efecto el APR no son casuales, explicó Carhuatocto.

Dejo ver así que lo que viene ocurriendo con el OEFA es parte de una estrategia mayor del Gobierno en alianza con grandes intereses económicos y que tendría entre sus fines el debilitamiento del ordenamiento ambiental indígena.

Desconfianza en Indecopi

En una primera instancia en octubre del año pasado ante la denuncia presentada por las empresas mineras, Indecopi declaró inaplicable el Aporte por Regulación.

Luego se pronunció sobre el caso el Poder Judicial. Ante aquel escenario, el abogado sostuvo que lo que mañana vaya a decidir el organismo regulador es ilegal.

Sobre ese punto señaló que “cuando un juez decide que algo es inconstitucional, la autoridad administrativa (Indecopi) está impedida de resolver al respecto porque ya lo hizo el Poder Judicial.”

“Si el Indecopi favorece mañana a las mineras, que no nos sorprenda que luego pidan lo mismo las empresas de hidrocarburos y después las eléctricas”, anotó.

Finalmente, hizo un llamado a estar preparados para lo que vaya a suceder e invocó al presidente de la República a pronunciarse al respecto

“Si el Gobierno es consecuente debería salir el presidente a exhortar a Indecopi a que obre de acuerdo a un Estado constitucional y democrático que protege el ambiente, a los pueblos indígenas y ratificar la validez y constitucionalidad del tributo ambiental”, finalizó.