Servindi, 11 de abril, 2015. En un hecho sin precedentes y con el respaldo de más de 10 mil firmas ciudadanas, organizaciones indígenas y de derechos humanos presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, conocida también como ley del “paquetazo antiambiental”.

La demanda presentada ante máximo tribunal del país cuenta con las firmas del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, la organización amazónica AIDESEP y organizaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y diversas asociaciones y articulaciones afiliadas como la Red Muqui, entre otras.

De este modo, la alianza creada enfrenta en el terreno de la legalidad lo que considera una estrategia pro inversionista que busca abrirse paso violando derechos de las comunidades originarias y del ambiente, mediante paquetes legislativos o “combos” normativos.

A fin de dar cuenta sobre la histórica medida, las organizaciones involucradas ofrecieron el 10 de abril una conferencia de prensa en la sede de la CNDDHH.

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que la demanda plantea que el TC evalúe si la Ley 30230, respeta la Constitución y los tratados internacionales.

Explicó que la citada norma es cuestionada por vulnerar el derecho a la consulta previa, al territorio y a un ambiente equilibrado y adecuado para la vida.

“Esta es una ley que no ha sido consultada a pesar de que afecta directamente derechos importantes de los pueblos indígenas, en especial el derecho al territorio. Al no haber sido consultada es una norma que tiene un vicio de ilegalidad”, afirmó.

Explicó que de acuerdo al Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la posesión ancestral de un territorio equivale a un título de propiedad.

Sin embargo, en vez de cumplir con culminar la titulación de los territorios de los pueblos indígenas, el Estado está disponiendo de estos territorios en favor de proyectos extractivos.

Asimismo, el abogado del IDL afirmó que se están debilitando los mecanismos de protección al derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado a la vida.

Por ejemplo, indicó que decisiones que estaban a cargo del Ministerio del Ambiente y que eran aprobadas mediante resoluciones ministeriales, ahora requieren ser aprobadas en el Consejo de Ministros a través de decretos supremos.

El problema es que “decisiones técnicas sectoriales ahora son aprobadas en el Consejo de Ministros, donde el ministro del Ambiente es uno entre dieciocho”, explicó.

Por su parte, Antolín Huáscar, coordinador del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, recordó una vez más que esta ley nunca se consultó con los pueblos indígenas, pese a ser estos los más afectados.

Si bien la mesa señaló que esperan una pronta respuesta del Tribunal Constitucional sus expectativas en la misma no son las mejores.

En ese sentido, Huáscar explicó que existe desconfianza de parte de los pueblos indígenas u originarios hacia el TC debido a que sigue pendiente su opinión sobre la llamada “ley de criminalización de la protesta”.

A su turno, Kety Marcelo, de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), señaló que los paquetes legislativos, o “paquetazos”, aprobados en los últimos meses, están orientados a desaparecer a los pueblos indígenas.

Al respecto, Marcelo exigió se respeten los derechos de los pueblos originarios, como el derecho a la consulta previa.

En otro momento aclaró que los pueblos indígenas no se oponen a la inversión pero demandan que ésta se lleve a cabo respetando sus derechos y territorios.

De igual modo, Idelso Hernández, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), se expresó en ese mismo sentido, calificando a esta ley como “perversa y abusiva”.

“Estas normas son arbitrarias porque no han tomado en cuenta los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales”, indicó.

Aseguró que pese a que varios dirigentes ronderos se encuentran procesados o son intimidados por oponerse a los abusos de las empresas, ellos están dispuestos a seguir luchando contra esta avanzada legal.

A su turno, Henry Carhuatocto Sandoval, abogado del IDLADS, advirtió que si no se hace nada contra esta ley (Ley 30230) lo que vamos a tener es “un Estado que no va a garantizar ningún derecho indígena, ninguna propiedad comunal”.

“Si quisiéramos dar un nombre a esta Ley 30230, este debería ser: La huida del Estado de su rol tuitivo de la protección del ambiente y los pueblos indígenas. Porque cada uno de los artículos que se cuestionan en la demanda, en el fondo significan ello”, afirmó.

Señaló que esta ley ha creado “una especie de impunidad para que nadie haga nada” frente a violaciones a la normativa ambiental.