- Avanza ofensiva pro transgénica en el Perú.

Servindi, 12 de febrero, 2015.- La “Plataforma, Perú País Libre de Transgénicos” deploró que funcionarios del sector Agricultura y Ambiente no cumplan sus funciones y desacaten el cumplimiento de la Ley de moratoria al ingreso de transgénicos al Perú.

Mediante un comunicado la Plataforma expresó su preocupación porque en lugar de cumplir sus obligaciones los funcionarios discuten si existe o no evidencia de un posible daño a la biodiversidad o a la agricultura.

En tal sentido, responsabilizó a los representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), dependientes del ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al ministerio del Ambiente.

La Plataforma consideró preocupante el una trascendido de prensa aparecido en el diario Gestión, especializado en economía, que indica: “MINAGRI no vería control de OVM” (Organismos Vivos Modificados) aparecido el 10 de febrero.

“Señores autoridades, su obligación es cumplir la ley, y no poner obstáculos, y muchos menos retrasar su cumplimiento” expresó la Plataforma.

La Ley 29811, que establece la Moratoria al ingreso y producción de OVM al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, se adoptó como medida preventiva de protección al ambiente y la diversidad biológica se publicó el 9 de diciembre de 2011.

Además el 13 de noviembre de 2012 aprobó el reglamento de la Ley 29811 que contiene los elementos de la institucionalidad vinculados al control de transgénicos. Además, tipifica con claridad las infracciones y establece las sanciones respectivas.

Transgénicos se pasean en el país

La situación es sumamente preocupante debido a que diversas direcciones públicas han detectado presencia ilegal de transgénicos en las localidades de Barranca, La Libertad y Lambayeque, denuncia la Plataforma.

La Plataforma rechazó el argumento de que las entidades públicas responsables no pueden vigilar y fiscalizar porque no se ha aprobado el Plan de Vigilancia y Alerta Temprana ni las Guías de procedimientos de control para la detección de transgénicos.

La articulación exigió a la Presidencia del Consejo de Ministros “poner en regla” a los ministerios y sus respectivas instancias a fin de cumplir la Ley de moratoria, y realizar acciones concretas de vigilancia y fiscalización.

Cabe recordar que hace algunas semanas la Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) denunció que el Ministerio de Agricultura colocó a “conocidos promotores y agentes protransgénicos” en puestos claves del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Alertó que los funcionarios contratados pertenecen a una “bien orquestada red de expertos” que se dedican a bloquear el desarrollo de la agrodiversidad a fin de promover los productos transgénicos.

La presunta red actuaría a favor de los productos transgénicos junto a una organización no gubernamental ONG de nombre PeruBiotec, indica el comunicado.

La Plataforma está integrada por las siguientes instituciones: RAAA, RAE, ASPEC, Centro Ideas, IDMA, CONVEAGRO, Forum Solidaridad, Consorcio Agroecológico, ANPE PERÚ, HUAMPANI, Bioferia de La Molina, CEPES, LEISA-AL y el Instituto de Etnociencias del Perú.

Preguntas de un consumidor informado que el gobierno debe responder

La Plataforma solicita a la PCM responder las siguientes interrogantes:

- ¿Qué acciones están realizando frente a lo ya evidenciado sobre la contaminación con transgénicos en el interior del país para evitar una mayor contaminación?

- ¿Cuáles son los planes de contención y remediación en los campos que se detectaron cultivos transgénicos?

- ¿Por qué no se ha fiscalizado y tampoco se les ha hecho seguimiento a las empresas que importan maíz amarillo duro para alimentación animal?

- ¿Por qué no se toma muestras a los semilleros que se encuentran en el interior del país?

- ¿Por qué no se toma muestras en presencia del Ministerio Publico?

- ¿Por qué las tablas de infracciones y sanciones son tan bajas y solo se desea sancionar al pequeño agricultor, si los responsables son las grandes semilleros y empresas importadoras de maíz amarillo duro para alimentación animal?