Servindi, 4 de diciembre, 2014.- Especialistas y dirigentes campesinos advirtieron el impacto que afrontan hoy los pequeños agricultores por el cambio climático, así como los riesgos que implican los paquetes legislativos conocidos como “paquetazos antiambientales” promulgados este año por el Gobierno.  

Estos riesgos se hicieron manifiestos durante la XVII Convención del Agro Peruano “La Agricultura Familiar, Visión de Desarrollo al 2021”, que se llevó a cabo el 25 y 26 de noviembre.

“Mañana es demasiado tarde”

Un llamado a la acción inmediata frente al cambio climático realizó el especialista en el tema, Jaime Llosa, durante la convención que reunió a representantes de gremios agropecuarios de todas las regiones del país.

El especialista, quien es parte de la organización ambientalista Mocicc, hizo especial énfasis en los efectos que este fenómeno viene ocasionado en los agricultores.

Llosa advirtió que si con el actual incremento de temperatura de menos de un grado ya sufrimos efectos inusuales como deshielos, sequías, heladas y otros; la situación para el 2021 representa una gran incertidumbre.

Para el investigador, el principal impacto en la agricultura es el cambio del comportamiento de las lluvias, tanto en su intensidad como en su periodicidad, puesto que muchos cultivos dependen de ellas.

Citando datos del Plan de Gestión de Riegos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario para el período 2012 – 2021 del Ministerio de Agricultura, indicó que en el 76% de los distritos donde se hace agricultura se han perdido cosechas por falta de agua, situación que consideró alarmante.

Igualmente, en el Censo Agrario de 2012, los agricultores declararon que el 50% de las unidades han dejado de ser sembradas por falta del recurso hídrico.

Llosa advirtió que con la pérdida de glaciares serán afectados los ríos costeros “de régimen regular”, es decir, ríos que conservan su caudal aún en épocas sin lluvia gracias a los glaciares que los alimentan al derretirse.

“Si se van a derretir los glaciares, de acá a quince o veinte años no habrá ríos de régimen regular en el Perú, todos serán irregulares”, señaló.

Esto hará que ya no se puedan tener dos cosechas al año como se acostumbra en algunas partes.

Igualmente , el cambio de las lluvias en intensidad y periodicidad afectará gran parte de la sierra, donde los cultivos “de secano” dependen de ellas. Las consecuencias de esta irregularidad incluyen la pérdida o disminución de las cosechas y la imposibilidad de sembrar, lo que llevaría a una pérdida de seguridad y suficiencia alimentaria.

Se refirió también al caso de la comunidad de Cátac en Áncash, que ha visto reducir sus ingresos por la baja en el turismo al nevado Pastoruri, cuyo deshielo también ha ocasionado escasez de agua y conflictos en la comunidad. “Ya no se puede sembrar como antes”, indicó.

Afirmó que a pesar de la gravedad del impacto el Gobierno está haciendo muy poco para afrontar la situación.

Más mineras, menos humedales 

Llosa predijo un futuro escenario violento en el campo a consecuencia de la política minera en el país.

Explicó que se incrementarán los conflictos sociales en el campo peruano porque mineras y comunidades competirán por el cada vez más escaso recurso hídrico a consecuencia del cambio climático.

Indicó también que el 60% de los humedales están siendo invadidos por concesiones mineras, por lo que recomendó no dar en concesión las cabeceras de cuenca.

Otro efecto de la política minera del Gobierno peruano, anfitrión de la COP 20, será “la contaminación de cursos de agua como de acuíferos que afectarán los recurso hídricos, ya menguados”, que afectará los rendimientos de cultivos y crianzas, como la salud de los productores andinos, afirmó.

Igualmente, la minería a “tajo abierto” afectará la disponibilidad del agua porque corta las fisuras por donde se desplaza el agua subterránea que alimenta acuíferos, manantiales y bofedales, así como cursos de agua.

Los distritos responden

Sin embargo, a pesar del complejo escenario, están surgiendo respuestas de adaptación al cambio climático desde los distritos, afirmó el especialista.

Explicó que a ese nivel se está respondiendo mejor al cambio climático que las estrategias regionales.

“La gente que sufre los problemas está en los distritos y su mirada es integradora, no sectorial”, afirmó.

Describió la respuesta de los distritos que están creando numerosos reservorios en varias zonas del país, a través de presupuestos participativos. Esto con el fin de poder irrigar sus cultivos en época seca.

Paquetazos contra el agro

La cumbre Conveagro abordó también el tema de las medidas legislativas o “paquetazos antiambientales” emitidos este año por el Gobierno peruano, especialmente la Ley 30230.

Con el supuesto fin de “reactivar la economía”, el Gobierno ha creado un marco legal muy favorable a las grandes inversiones pero que pone en peligro la propiedad de las comunidades y campesinas e indígenas, así como al medio ambiente, explicaron los participantes.

El investigador Eduardo Zegarra advirtió que con estas nuevas leyes, las tierras de las comunidades que no estén adecuadamente tituladas podrían ser adjudicadas a la inversión privada a gran escala.

Consideró que lo único que buscan son promover las grandes inversiones, y no atienden a las necesidades de los dos millones doscientos mil agricultores de nuestro país.

Lamentó que no haya medidas concretas para promover la denominada “agricultura familiar”, como invertir en infraestructura o promover el empleo y el crédito, que, consideró, son una forma más sana de salir de una desaceleración económica.

Por el contrario, estos paquetes legislativos que fueron emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas sin consultar con los ministerios de Agricultura o Ambiente, buscan vulnerar derechos de comunidades y sectores amplios de la agricultura a favor de la gran inversión, denunció.

Advirtió también que el último paquete legislativo emitido por el Gobierno es el más grave pues promueve la importación de alimentos mediante la desgravación arancelaria.

Falta titulación 

A su turno, el investigador y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Laureano del Castillo, cuestionó lo poco que se ha hecho en materia de titulación de tierras en el país.

Señaló que de las más de cinco millones de parcelas existentes, menos de un millón y medio se han titulado.

Asimismo, resaltó la importancia de una adecuada titulación –con georeferenciación– de las comunidades campesinas y nativas para el agro puesto que abarcan más del 60 por ciento de la superficie agropecuaria.

Indicó que el 64 por ciento de comunidades campesinas y el 94 por ciento de las comunidades nativas no tienen título de propiedad, o no lo tienen georeferenciado.

En este contexto, la Ley 30230 puede ser ambigua y podría poner en peligro las tierras comunales no tituladas o con títulos “imperfectos” –sin georeferenciación ni catastro– que serían entregadas a algún inversionista público o privado mediante procesos de “saneamiento”, anotó.

Sin embargo, afirmó que hay que esperar el reglamento de la norma para entender sus alcances.

Laureano del Castillo dirigiéndose al público de Conveagro

Conveagro se pronuncia

En el pronunciamiento de la XVII Convención, emitido el martes 2 de diciembre, Conveagro reafirmó su apoyo al Proyecto Ley 3803-2014-CR o “Ley Marco para la Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura Familiar en el Perú”.

Tal iniciativa legal apunta a “lograr una única ley a favor de la Agricultura Familiar Nacional que cuente con partida presupuestal” y que incorpore la perspectiva de género y participación de las comunidades, indica el texto.

Entre otras cosas, Conveagro solicita que se aprueben en el próximo pleno la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que “garantiza el derecho a una alimentación saludable de cada peruano”.

Por otra parte, la organización rechaza la observación hecha a la Ley N° 29811 titulada “Ley de Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados”, con el fin de ser eliminada por congresistas a favor de “grandes intereses económicos”.

Por otra parte, demanda que el proceso de titulación de la tierra otorgue seguridad jurídica a la propiedad rural y que se reglamente la Ley 30230, y se garanticen los derechos de las comunidades campesinas y nativas mediante la consulta previa estipulada en el Convenio 169 de la OIT.

Demandaron también “presupuestos y proyectos a nivel nacional para hacer frente al cambio climático” y la implementación de acciones para defender la biodiversidad, así como el uso de tecnologías renovables y conocimientos tradicionales, bajo un enfoque holístico de la gestión del agua y cuencas.