Por Óscar Guerrero Bojorquez* 

Servindi, 9 de octubre, 2014.- Probablemente el amplio y documentado reporte de la Environmental Investigation Agency (EIA) denominado “la máquina lavadora” (1) constituya el trabajo mejor articulado sobre el tema en cuestión. La organización del informe comprende tres partes: antecedentes y contexto, análisis de casos con sus respectivos resultados y conclusiones finales. Buen porcentaje de la información consignada se obtuvo a través de solicitudes de acceso a la información.

Uno de los casos más llamativos llevados adelante por el equipo de investigación del EIA es el vinculado a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, ubicada al sur de Loreto y cuya área protegida es la más extensa del país con más de 2 millones de hectáreas. Los especialistas estuvieron en la zona en el año 2010 y pudieron dar con evidencias de una larga historia de tala ilegal de especies maderables listadas en el CITES.

El sistema de intermediarios gira principalmente alrededor de un patrón que compra madera extraída de Pacaya Samiria y la transporta a Pucallpa para su venta. El patrón adelanta dinero a un equipo de taladores, operarios de motosierra y transportistas que hacen el trabajo duro de cortar y transportar la madera desde el bosque. Durante todo el tiempo que los investigadores estuvieron en territorio de la zona protegida nunca avistaron ninguna actividad de patrullaje.

En el libro “Selva Vida” queda evidenciada la poca atención que el estado ha puesto en la solución de problemas agudos que experimentan los ciudadanos selváticos de la Amazonía. En el apartado que habla de la actual situación ecológica en la Amazonía Alta peruana destaca una charla que diera el ex presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía, Misael Salas a estudiantes norteamericanos en el año 2011.

Salas puso énfasis en los problemas que afrontan los integrantes de su comunidad para hacer chacras en el bosque, una actividad que consiste en tumbar árboles sin cortar la raíz y luego quemar las ramas. Después de algunos años se deja que los árboles regeneren para volverlos a tumbar. Como los taladores ilegales no son controlados por ninguna autoridad, los pobladores Kichwa practican menos la chacra toda vez que los claros en los bosques siguen aumentando.

Un reportaje de octubre de 2014 aparecido en un semanario peruano denunció que en la primera mitad del 2014 el Perú exportó 92 millones 620 mil dólares en madera. De ellos, 74 millones 096 mil dólares habrían provenido de árboles talados de manera ilegal. (2)

La cadena comercial de este bien hace que las corporaciones internacionales involucradas se embolsen los dividendos más suculentos. Inicialmente el Estado cobra a los concesionarios 50 soles por metro cúbico de caoba y 30 por el cedro. Pero los empresarios venden el metro cúbico de caoba a los Estados Unidos en 1,700 dólares y el cedro en mil dólares. A su vez los consorcios norteamericanos piden a sus compradores 11 mil y 9 mil dólares por metro cúbico de caoba y cedro respectivamente.

En un informe de la INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (3) se enumeran diez maneras de proceder a la tala ilegal entre las cuales sobresalen la tala en zonas protegidas, tala sin licencia, tala ilegal en zonas de conflicto, tala superior a los límites de la licencia, tala con licencias falsas y la tala derivada de la ampliación de vías terrestres en zonas boscosas.

La mayor parte del blanqueo de madera ilegal es viable únicamente gracias al enorme flujo de financiación proveniente de inversores de Asia, la Unión Europea y Estados Unidos. El mismo informe detalla que el procedimiento de blanqueo más habitual consiste en mezclar la madera ilegal con madera legal durante las operaciones forestales, en los centros de almacenamiento para el transporte o en los aserraderos de transformación.

La tala ilegal y el comercio ilícito de productos de madera obtenidos ilegalmente se han perennizado en gran parte debido a la falta de un esfuerzo internacional coordinado de aplicación de la ley para luchar contra la naturaleza organizada transnacional de los grupos criminales implicados.

Contexto regional de la problemática amazónica

Una de las personas más informadas sobre la problemática en cuestión, Roger Rumrrill, asegura que “la Amazonía es la gran renta estratégica del Perú en el siglo XXI porque posee las riquezas vitales de la economía global en crisis: agua, biodiversidad, minerales estratégicos y los conocimientos y saberes indígenas fundamentales para el manejo y uso sostenible de la Madre Naturaleza” (4). Las consideraciones de Rumrrill son lapidarias e irrumpen cual relámpago sobre la conciencia dormida de los peruanos y peruanas.

De las aseveraciones vertidas por el mismo autor se desprende el hecho de que el Estado peruano continúa siendo lo que ha sido siempre, un aparato administrativo monocultural de origen criollo y colonial. Prueba de ello es que tenemos una educación monolingüe en un país donde solo en la Amazonía se hablan 63 lenguas. No debe sorprender entonces que las distintas disposiciones que adopta el Ministerio de Educación en el campo de la Lingüística se enmarquen en una visión eminentemente occidental.

El desconocimiento de los orígenes, cosmovisión y de la utopía social indígena por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del Perú es alarmante y denota nuevamente los límites del hombre criollo-colonial. Es así como Francisco Ballón en su estudio “La Amazonía en la Norma Oficial Peruana: 1821-1990” narra que en un período de 100 años se dieron más de 18 mil leyes para el desarrollo de la Amazonía. Gran porcentaje de esas normas legales estuvieron orientadas a poner en remate la Amazonía al mejor postor.

Actores internacionales en el negocio de la tala ilegal

Pero no solamente basta con identificar a los actores involucrados en el comercio ilegal de madera dentro del Perú, sino además establecer las responsabilidades de los agentes internacionales pasando por los intermediarios que operan en el mercado negro del rubro y llegando hasta el propio gobierno de los Estados Unidos.

Tal vez el punto de partida para investigar las connotaciones internacionales del comercio ilegal de madera sea revisar los términos del Tratado de Libre Comercio (TLC) que suscribieron los gobiernos de Perú y Estados Unidos. Ya se ha dicho que algunas cláusulas del documento firmado contienen términos draconianos en lo que respecta al capítulo sobre las exportaciones de madera.

Según un estudio sobre los impactos del TLC Perú-Estados Unidos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del año 2005 (5), el rubro de la industria maderera y productos forestales figuran en el grupo de sectores de la economía con categoría de potenciales ganadores. Esta categorización reconocía desde antes que entrara en vigor el Tratado las barreras que suponían desmontar una de las redes de corrupción más arraigadas del país y con conexiones al más alto nivel.

Los Estados Unidos conocían perfectamente que las mafias continuarían con sus andadas en un país donde lo ilegal y el concepto mismo del robo ya son aceptados como parte del preciado “sistema democrático”. Con el desenlace trágico del Baguazo, nuestros vecinos del Norte comprendieron que no habían motivos para preocuparse dado que las autoridades del Perú ya habían marcado la pauta de los acontecimientos al priorizar sobre todas las cosas la intocabilidad de los capitales extranjeros.

Al respecto, en un artículo periodístico Raúl Wiener se pregunta ¿Quiénes mintieron diciendo que sin ley de la Selva se caía el TLC con los Estados Unidos? (6) Y todo indica que los mismos términos del Tratado fueron acordados sin considerar las demandas que desde hace tiempo hacen los pobladores amazónicos al gobierno. El reconocido periodista desenmascara la naturaleza de las políticas extractivistas, colocadas en la agenda de prioridades del Ejecutivo, recordando que la única autocrítica que se hace el gobierno cuando aborda el tema es la falta de comunicación para que los amazónicos aceptaran el imperio de las madereras.

Mención especial merece la naturaleza de la famosa Ley Lancey vigente en los Estados Unidos, la misma que prohíbe la comercialización de plantas y productos derivados de origen ilegal, incluyendo madera y productos maderables. Las penas máximas que establece la norma son de hasta cinco años de prisión y multas ascendentes al medio millón de dólares. Pero las sanciones prácticamente nunca han tenido lugar.

Si Estados Unidos quiere en realidad contribuir al combate contra esta lacra, tiene una oportunidad e instrumento valiosos, la Ley Lancey. El punto de partida de esta eventual política sería, por ejemplo, encargar una disposición a fondo del grupo Bozovich y sus lazos con la tala ilegal. También podría solicitar al gobierno peruano que realice auditorias independientes.

No obstante las pruebas de comercialización ilícita de madera de Perú a Estados Unidos hace muchos años son públicas. No es solo que sea un secreto a voces, ambos gobiernos conocen perfectamente esta realidad. Y llama la atención que a los Estados Unidos no le interese mucho la procedencia ilegal de la madera.

Riesgo latente de un estallido social en la amazonia

Si bien la deforestación de la selva no se detiene y todas las lacras que lucran con esta actividad parecen haberse unido para obtener los mayores réditos posibles, todo tiene su límite. Hay una alta probabilidad de que se estén incubando todos los elementos para un estallido social de alcances incalculables.

Ni Edwin Chota, ni los otros pobladores ultimados por la mafia fueron oídos por el gobierno, ellos pedían garantías para sus vidas ya que los habían amenazado de muerte en reiteradas oportunidades. Ya no están entre nosotros y la política que avala el avasallamiento de la selva y su biodiversidad sigue en pie. Con los cadáveres aún frescos el gobierno anuncia una movilización de todas sus instancias y encarga a sus ministros la misma tarea de siempre: prometer a las comunidades un combate frontal contra las mafias. Pero ya se sabe que todo este ruido solo pretende hacer un control de daños.

Más triste aún resulta que el grueso de la sociedad peruana prácticamente ni se ha enterado que en un lugar remoto del país cuatro connacionales han perdido la vida, en parte, por nuestra indiferencia y parálisis ante la versión oficial de los hechos.

Los planes para conquistar la selva y chantajear a sus habitantes con la política del perro del hortelano han comenzado a plasmarse en la práctica. El momento límite ya les llegó a las comunidades amazónicas. Lima no hace nada ni quiere saber nada del sufrimiento de esta gente. En esa idea se podría concluir que somos un país plagado de traidores donde los sentimientos de solidaridad e indignación han desaparecido casi por completo.

En este contexto, Maderera Bozovich S.A.C. y Maderera Vulcano S.A.C. salen fortalecidas y continúan en la vanguardia dentro del país en lo que atañe al volumen exportador. De acuerdo a los registros de INRENA en el año 2006 Maderera Bozovich controló el 34 por ciento de las exportaciones de cedro siendo Estados Unidos, México y Puerto Rico los países de destino en ese orden. Datos más actuales contenidos en el informe “la máquina lavadora” del EIA agrupan en un cuadro comparativo a las empresas que de 2008 al 2010 exportaron madera incumpliendo las normas legales. Aquí sobresalen nuevamente Bozovich y Vulcano, como las dos empresas que declararon una cantidad elevada de permisos CITES a las concesiones cuestionadas, 70 y 13 respectivamente. Es decir que hasta el año 2010 los embarques de madera de procedencia ilegal continuaban efectuándose, siendo obvio que esta práctica se mantiene hasta el día de hoy.

En cuanto a las denuncias de irregularidades en la actividad de las empresas madereras, en el año 2005 fueron halladas tres guías forestales clonadas por 492 m3 de caoba aserrada, cuyo destinatario fue Maderera Bozovich. En agosto de 2007 la SUNAT informa a INRENA que iniciaba un proceso de fiscalización con el propósito de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de Maderera Bozovich S.A.C. INRENA responde con el informe N° 530-2007-INRENA-IFFS (DCB), donde señala que se han encontrado 54 expedientes rechazados de la Maderera Bozovich. Entre los motivos de la denegación están el incumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA) para la emisión de permisos de exportación CITES y la detección de documentos que no se encuentran conformes a la legislación forestal vigente.

Finalmente, está comprobado que el extractivismo, incluida la tala masiva del bosque, es funcional al nuevo ciclo de acumulación capitalista y sigue arrasando los bosques amazónicos con todo el poder que le otorga el gobierno de Ollanta Humala y los fundamentalistas del libre comercio agrupados en la CONFIEP. El Estado se ha declarado esquizofrénico sostuvo hace poco un especialista en la materia a propósito del discurso surrealista del presidente del Perú en Naciones Unidas. Se podría agregar que esa locura, que dibuja un Estado preocupado por los pueblos amazónicos cuando en realidad toma medidas opuestas a ello, tendría que ser tratada.

Queda en manos de la sociedad peruana en su conjunto hacer valer los derechos que les asisten a los pobladores amazónicos antes de que perdamos uno de los pulmones de la Tierra y seamos testigos impotentes de la destrucción de la selva.

Notas:

(1) La Máquina Lavadora. Informe de la EIA. http://launderingmachine.files.wordpress.com/2012/04/spanish_report_eia_final2.pdf

(2) Revista Hildebrandt en sus Trece. Edición primera semana de octubre 2014.

(3) Informe INTERPOL y PNUMA. Carbono Limpio. Negocio Sucio. http://www.unep.org/pdf/RRAlogging_spanish_scr.pdf

(4) Diario “Uno”. Edición del 21 de Setiembre de 2014. Entrevista a Roger Rumrrill.

(5) Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos. Informe del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Lima, 2005.

(6) Diario “Uno”. Reportaje “Del baguazo a la masacre de asháninkas”. Raúl Wiener. Lima, 21 Setiembre de 2014.

Bibliografía:

- Informe “La Máquina Lavadora” del EIA.

- El Mundo Indígena 2014. Copenhague, 2014. Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas IWGIA. Varios autores.

- Selva Vida. De la Destrucción de la Amazonía al Paradigma de la Regeneración. Lima, 2013. Stéfano Varese, Frédérique Apffel-Marglin y Roger Rumrrill.

- La Amazonía en la Norma Oficial Peruana: 1821-1990. Francisco Ballón.

- Diversos recursos de Internet:

http://launderingmachine.files.wordpress.com/2012/04/spanish_report_eia_final2.pdf

http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/revista1.pdf

http://launderingmachine.wordpress.com/fracaso_sistematico/

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* Óscar Guerrero Bojorquez es magíster en Periodismo y especialista en Problemática Internacional.