Mapa de la comunidad nativa de Tres Islas, vehículos aun transitarían por vía carrozable en territorio de la comunidad

- ¿Qué intereses particulares impiden se cumpla una sentencia constitucional?

Servindi, 6 de febrero, 2013.- Pese a haber transcurrido seis meses desde que el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia favorable a la comunidad Tres Islas, en Madre de Dios, la autoridad correspondiente de ejecutar la misma no lo ha hecho. Juana Payaba, expresidenta de la comunidad estuvo en Lima para dar cuenta del caso.

La expresidenta informó que pese a las acciones emprendidas por la propia comunidad el pasado mes de octubre -que incluyó la expulsión de terceros de la misma- mineros informales e ilegales y empresas de transportes que trasladan a estos continúan invadiendo sus territorios.

Payaba Cachique llegó a Lima el domingo 27 de enero junto a autoridades de su comunidad para visitar algunas instituciones y formar parte de una audiencia pública que organizó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que ya ha tomado conocimiento del caso.

TC da la razón a comunidad de Tres Islas

“El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón, pero no se está haciendo cumplir los dictámenes”, afirma indignada la ex presidenta, quien no puede creer que hasta el día de hoy la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios no cumpla con el mandato constitucional.

Esta sala había declarado procedente el 9 de agosto de 2010 una demanda de habeas corpus interpuesta por dos empresas de transporte –“Los Mineros SAC” y “Los Pioneros SCRL”– y mineros ilegales e informales, que permitía el ingreso de terceros al territorio de la comunidad.

Días antes, el 4 de agosto, la comunidad había instalado una tranquera y una caseta de control a la entrada de una trocha carrozable, dentro de su territorio, para evitar que estos grupos vuelvan a hacer de las suyas extrayendo recursos y dañando gravemente el medio ambiente.

Juana Payaba, expresidenta de la comunidad nativa de Tres Islas

Hoy, explica Payaba, la comunidad aún tiene que ver cómo vehículos cruzan parte de su propio territorio para movilizar gente a la zona de San Jacinto, lugar en la que hoy se ubican en mayor número los mineros informales e ilegales y sitio donde ya casi no hay presencia nativa.

Ella sostiene que el riesgo de que los invasores vuelvan no ha desaparecido. Indica que existen indicios de que representantes del Poder Judicial tienen terrenos y capitales invertidos en actividades como la minería. También sostiene que transportistas y mineros mantienen vínculos con las autoridades de la Municipalidad de Tambopata.

Sospechosa actuación de las autoridades

Erika Delgado Torres, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), entidad que asumió la defensa legal de la comunidad, advirtió serias irregularidades en cuanto a cómo se llevó el proceso desde que el TC emitió la sentencia el 11 de setiembre del año pasado.

Recordó así que de acuerdo al Código Procesal Constitucional la ejecución de una sentencia se cumple a los días de su fecha de notificación, y como es una acción constitucional la ejecución debe ser de manera inmediata.

Delgado Torres señala así que el TC remitió el expediente para su ejecución a la Corte Superior el 22 de octubre y, sin embargo, la Corte Superior de Madre de Dios ha tenido el expediente guardado hasta diciembre.

“No se entiende por qué la Sala lo ha tenido ahí sin remitir el expediente correspondiente para la ejecución (…) en la segunda semana de diciembre el juez ejecutor tiene el expediente con la sentencia para su ejecución, sin embargo hasta ahora no lo ejecuta”, explica la abogada.

“No se está cumpliendo con una norma importante que es el Código Procesal Constitucional que debe garantizar justamente la reposición de un derecho fundamental cuando se ha identificado su vulneración”, añadió.

La representante del IIDS recuerda que con motivo de la ejecución de la sentencia se trasladó hasta Tres Islas por algunos días y que permaneció allí hasta el 21 de diciembre del año pasado sin que pudiese ver que se ejecute la misma.

Juana Payaba en estos momentos vive preocupada porque sabe que el peligro es latente mientras no se ejecute la sentencia que termine con la vulneración del derecho de la comunidad a la propiedad y la autonomía, y mientras no se tomen las acciones que restrinjan el ingreso de terceros a la misma.

La comunidad de Tres Islas, ubicada en el distrito de Madre de Tambopata, la conforman cien familias –cerca de 320 personas– pertenecientes a los pueblos indígenas Shipibo y Ese´Eja.

Por estos días Payaba Cachique solo desea estar en paz con su comunidad, para adentrarse tranquila al monte donde ya comenzó la época de la castaña, fruto que crece dentro de su comunidad en grandes cantidades. Ella y toda la comunidad permanecerán extrayendo este fruto los próximos tres meses.

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