Foto: USI

Servindi, 29 de enero, 2013.- El conflicto en torno al proyecto Cañariaco, a cargo de Candente Cooper, en el distrito de San Juan de Cañaris, región Lambayeque, obliga a tratar nuevamente la importancia que tienen los procesos de consulta previa en nuestro país. Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) trató este tema en entrevista con Radio San Borja.

- Entrevista a Juan Carlos Ruiz en Radio San Borja (Archivo mp3, 18 minutos, 13 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).Para el especialista cabe la pregunta de quiénes son verdaderamente los que han violado el estado de derecho, si es que son los comuneros que se oponen a la actividad minera o si es el Gobierno que no ha llevado a cabo el proceso de consulta previa tal como lo establece el Convenio N° 169 de la OIT.

Como se recuerda el pasado viernes los enfrentamientos entre comuneros y efectivos de la policía en el distrito de Cañaris, en la vía que permite el ingreso al campamento minero de la canadiense Candente Cooper, se suscitaron violentos enfrentamientos que culminaron con heridos de consideración.

El experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos sostuvo en el programa “No hay derecho” que el camino para dar solución al conflicto pasa por reconducirlo hacia un proceso de amparo que culmine con la suspensión de la concesión y el ordenamiento –algo que se omitió desde un principio– de un proceso de consulta.

“No es que la gente de Cañaris sea violentista o que esté pidiendo cosas irracionales, no, (ellos) están pidiendo cúmplase el estado de derecho”, explicó el especialista. En otro momento se refirió a las directivas del Ministerio de Cultura respecto a la consulta previa que no guardarían concordancia con el Convenio N° 169.

Sobre los hechos en Cañaris el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, reafirmó por su parte una vez más que los que se oponen al proyecto Cañariaco conforman, según él, una minoría; a la vez anunció el empadronamiento de pobladores de la zona para ser beneficiarios de los programas sociales.