Advierten riesgo de nuevas demandas contra el Estado al amparo del TLC
Foto: Servindi
Servindi, 4 de diciembre, 2012.- La posibilidad de que se incrementen las demandas de arbitraje impuestas por las empresas contra los Estados principalmente en América Latina, al amparo de los Tratados de Libre Comercio (TLC), debe ser un escenario a considerar por países como Perú en el marco de una agenda nacional de gobernabilidad de las industrias extractivas.
A dicha conclusión llegaron expertos nacionales e internacionales que presentaron un análisis de las limitaciones que tiene el Estado peruano para regular las inversiones internacionales, debido al derecho que otorgan los TLC, teniendo como punto de partida la demanda que el Grupo Renco, del cual forma parte Doe Run, le entabló al Perú.
“Los capítulos de inversiones (de los TLC) son íntegramente favorables para el inversionista que para el país. Tal es el caso de Doe Run que está muy cerca de entrar en litigio internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”, aseveró José de Echave miembro fundador de CooperAcción.
Además de José de Echave formaron parte de la mesa de presentación Alejandra Alayza de la RedGe y Rosa Amaro del Movimiento por la Salud en La Oroya (MOSAO), así también expertos internacionales como Melinda Saint Louis de Public Citizen (EE.UU.) y Matthew Porterfield del Harrison Institute for Públic Law, George Town University.
La necesidad de implementar una agenda de gobernabilidad de los recursos naturales y de las industrias extractivas constituye una prioridad, explicaron los expositores, que temen que empresas como la canadiense Bear Creek Mining Corporation (proyecto Santa Ana en Puno) y la estadounidense Newmont (Conga en Cajamarca) recurran también a este tipo de demandas.
Doe Run incumple sus compromisos y demanda al Estado
Desde el 2011 el Perú enfrenta una demanda de arbitraje internacional impuesta por la empresa de Ira Rennert, responsable de la intoxicación de la población de La Oroya (Junín), entre 1997 y 2009. Ésta se amparó en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio que firmó el país con Estados Unidos en 2006.
El capítulo de inversiones de los TLC incluye un conjunto de derechos a favor de los inversionistas para dar garantía del cumplimiento de los tratados permitiendo a los mismos demandar a los Estados nacionales sin necesidad de pasar por los tribunales nacionales, precisó Alejandra Alayza de RedGe.
Agregó en este sentido que para asegurar la estabilidad a los inversionistas, Los Estados limitan su capacidad de desarrollar políticas públicas como mayor fiscalización ambiental, por ejemplo, a favor de sus nacionales, a pesar de que éstas puedan ser necesarias para desarrollar algunos sectores estratégicos.
Fuente: CooperAcción
En el marco del proceso de arbitraje internacional la empresa que demandó al Estado por un monto de US$ 800 millones ha solicitado que se suspendan los juicios que se le iniciaron en EE.UU. por la intoxicación de 162 menores de edad. Esto hasta que se resuelva la demanda inversionista contra el Estado.
En octubre de 2007, el estudio de abogados Schlichter, Bogard & Denton, LLP de Missouri presentó once demandas contra Renco y Doe Run por perjudicar a los menores. Hasta el momento el tribunal de Missouri ha rechazado el citado argumento.
Melinda Saint Louis, representante de Public Citizen, una organización de consumidores en EE.UU. que analiza los TLC que tiene este país con el resto del mundo, sostuvo que los capítulos de inversiones de los tratados comerciales se han convertido en una herramienta más de las empresas internacionales para evadir la justicia.
En este sentido sostuvo que el Grupo Renco en EE.UU. ha buscado la manera de retrasar o eliminar del todo las demandas de indemnización presentadas en el estado de Missouri a favor de los menores afectados en La Oroya. Señaló que para la empresa sería mejor que los casos sean trasladados a los tribunales peruanos.
El modelo que plantean los TLC permite a los inversionistas demandar al Estado pero no lo contrario. “El Estado no tiene derecho a demandar a la empresa, esto es solo de una vía”, explicó.
Respecto al hecho de que por encima de las leyes peruanas se interpongan los capítulos de los Tratados de Libre Comercio, Matthew Porterfield declaró: “El artículo 63 de la Constitución del Perú señala, por ejemplo, que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Sin embargo, las empresas extranjeras se pueden blindar ante esta ley con los TLC”.
Par el miembro fundador de CooperAcción el Estado Peruano no está preparado para afrontar este tipo de demandas debido a que “existe mucha improvisación en el abordaje de los procesos de arbitraje, hay un vacío de información y de conocimiento, una falta de estrategia conjunta de parte del Estado”.
Una práctica que se incrementa en América Latina
Saint Louis cuestionó de otro lado la poca transparencia con la que se llevan adelante los procesos de arbitraje, explicó así que este tipo de demandas se presentan ante tribunales extraterritoriales del Banco Mundial y de Naciones Unidas que lo constituyen juristas del sector privado.
Melinda Saint Louis de Public Citizen (EE.UU.)
“Los juristas pueden oficiar algunas veces como jueces y al día siguiente como abogados de las empresas demandantes, entonces no hay el mismo tipo de protección de conflictos de intereses que hay en nuestros tribunales nacionales”, sentenció.
Señaló además que hasta hoy se han pagado más de US$ 2.500 millones a favor de las empresas privadas solo bajo los TLC. Más del 90 por ciento de esta carga es para los contribuyentes, estas demandas surgen tras cambios en las políticas ambientales, de petróleo, gas o minería de los gobiernos.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Grupo del Banco Mundial, ha registrado hasta noviembre del 2011, 137 casos pendiente (hace 10 años, tan sólo había 3) 43 de estos casos están relacionados con las industrias del petróleo, la minería y el gas.
De este grueso, América Latina es la región sometida más veces a este tipo de demandas, tiene 25 casos ante el CIADI impuestas por empresas petróleo, de minería y gas. Desde 2000, el número de casos se incrementó en 254%. El número de casos en 2011 llegó a 450 – ocho veces más que la cantidad de casos en 2000.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico
Esta semana, funcionarios peruanos participaran de las rondas de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés) próximo a formarse con otros diez países entre los que se encuentran Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietman.
Melinda Saint Louise advirtió al respecto que el Perú se expondría a más ataques judiciales en manos de empresas extranjeras: “Un borrador que se filtró revela que, en vez de repensar el modelo de inversiones, el TPP ampliaría los privilegios extremos que les da el TLC a los inversionistas extranjeros, y extendería sus mecanismos privados de imposición”.
A su turno Rosa Amaro del Movimiento por la Salud en La Oroya, quien formó parte de la mesa que trató el tema el pasado miércoles, solicitó la atención del gobierno para que se atienda a las personas afectadas por la contaminación provocada por Doe Run y sostuvo que antes de firmar un nuevo TLC se debe garantizar la protección de las pueblos.
Para más información sobre el tema dar clic en los siguientes enlaces:
José de Echave, CooperAcción / El caso La Oroya. La demanda.
Melinda Saint Louis, Public Citizen / Marco alternativo para las inversiones en los TLC. Lecciones.
Alerta Urgente Nº 13. Los antecedentes de DOE RUN.
Alerta Urgente Nº 14. Nuevo marco de regulación para inversiones.
Texto borrador del capitulo de inversiones del TPP (inglés).
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