Donde hay más minería también hay más pobreza y desnutrición infantil
Carlincatura de Carlos Tovar.
- Departamentos con más inversión minera como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, son los más pobres y con mayor desnutrición infantil.
Servindi, 6 de noviembre, 2012.- El economista Juan Diego Calisto de la asociación CooperAcción con cifras en mano desnudó el mito de que mayor inversión minera es igual a desarrollo.
Sin embargo, el economista señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado beneficiosa para impulsar el desarrollo en los departamentos con mayor presencia de esta actividad como Cajamarca, Ancash, Junín.
“Algunos ven la promoción de la minería responsable como un «atajo» para obtener recursos a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en educación e infraestructura, y por lo tanto «romper el círculo vicioso» de la pobreza”, dice Calisto.
Según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» las regiones mineras encabezan ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, siendo las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).
La inversión minera sigue creciendo
El ministerio de Energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería, informó que la inversión minera sumó un total de US$ 4,329 millones entre enero y julio del 2012.
Dicha inversión se viene incrementando en los últimos años. Contrariamente a lo que algunos anuncian como la disminución de la inversión por los conflictos sociales, como el de Conga, el panorama se aclara: la inversión minera continúa creciendo.
En el 2010, la minería aportó el 5,25 del PBI nacional, a diciembre del 2011 representa 24% de la inversión extranjero y el 60% de las exportaciones, en el 2011 su participación respecto al total de tributos es de 17,5%, y si nos focalizamos en el Impuesto a la Renta, fue de 33,3%.
El total de trabajadores ocupados en minería, tanto de los titulares mineros, como contratistas, representa aproximadamente el 1% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional.
La condena de la minería
Huancavelica tiene casi el 50% de su territorio concesionado a la minería (40.34%) y es uno de los departamentos con la tasa de pobreza más alta con el 77.2% y donde la cobertura al seguro de salud, según el INEI, no alcanza ni a la mitad de la población (47.6%).
Le sigue Cajamarca con el 44.37% de su territorio concesionado y donde aún el 17,1% de su población es analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas está conectado a una red pública de agua dentro de la vivienda.
El 36.1% de Ancash está concesionado, tiene una tasa de analfabetismo del 17,9%. En Apurímac, que tiene el 54.44% de su territorio concesionado, el 70.3% de la población es pobre.
Ayacucho tiene el 16,8% de su población sin ningún nivel educativo y la tasa de analfabetismo es de 17,9%, el porcentaje del territorio concesionado alcanza el 26.2%
Ineficiencia pública local, central y nacional
“El argumento más usado para justificar esta realidad es la ineficiencia de los gobiernos locales. Sin embargo, hasta el 31 de octubre de este año, el gobierno nacional ejecutó sólo el 66.9%, los gobiernos locales, el 56.1% y los gobiernos regionales, el 66.7%" señaló Calisto.
Al 26 de octubre de este año el Ministerio de la Producción ha ejecutado el 52.97% de su presupuesto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el 63.71%. El Ministerio del Interior espera para fin de año ejecutar tan solo el 55% del presupuesto de inversión. Vemos entonces que la ineficiencia es un problema nacional, y que empieza por el gobierno central”, concluye el economista.
La economía mundial y no los conflictos provocan caída de la inversión
Otro tema abordado por Juan Diego Calisto es la fácil acusación que se hace a los conflictos socioambientales de provocar el alejamiento de la inversión privada. Con este manido argumento se pretenden desvirtuar las verdaderas causas, entre éstas la caída en el precio de los minerales.
"Si bien los conflictos sociales pueden influir, no son la principal razón. Es necesario considerar las diversas causas, y no reducirlas a una sola”, indicó.
Para el 2013 se prevé que la minería invertirá USD$ 2000 millones menos de lo proyectado, lo que representa una contracción del 33% de lo proyectado.
Entre las razones de fondo de esta reducción se encuentra la caída en los precios de los metales de los últimos meses (con excepción del oro) y el contexto incierto y de crisis que se vive en grandes economías, como la china, estadounidense o la Zona Euro.
“El ejemplo australiano nos puede servir de guía para considerar al mencionado retraso de las inversiones como un efecto que se origina por varias causas: la caída de los precios de los metales, la desaceleración de China, el alto desempleo de EEUU (más de 8%), la crisis de la Zona Euro" señaló el especialista.
Australia se encuentra entre los cinco más grandes productores mineros del mundo. En este país las postergaciones o cancelaciones de proyectos mineros han aplazado importantes proyectos como la expansión de la mina de cobre Olympic Dam, que pertenece a BHP Billiton.
Esta empresa reportó una caída de un 35% en sus ganancias de la segunda mitad del año fiscal, explicada en gran parte por la desaceleración del crecimiento en la economía china. BHP reportó su primera caída anual de ganancias en tres años debido a crecientes costos, y a un declive en los precios de las materias primas.
¿Cuánto cuesta la contaminación minera y quién la paga?
Y dado que el debate en torno a las industrias extractivas se suele dar alrededor de indicadores económicos, es necesario considerar los costos que ocasionan las actividades mineras en el ambiente, señaló el economista Calisto.
En el estudio de Herrera y Millones (2011), se calculó el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos, que reporta US$ 814,7 millones en el 2008, y US$448,8 millones en el 2009, unos montos económicos nada despreciables.
El asunto se torna grave si se considera que la minería apenas emplea un 1% de la población económicamente activa (PEA) y no demuestra promover el desarrollo humano en los departamentos donde opera.
El Estado debe encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan un control eficiente sobre las actividades extractivas, de modo que se proteja el ambiente y se vele por la calidad de vida de las personas.
Los gobiernos regionales y locales, por su parte, deben de gestionar sus recursos, promoviendo el desarrollo con una estrategia integral, que aborde educación –básica y superior–, desarrollo productivo, salud y ejercicio de derechos”, concluyó Calisto.
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