- Viceministro José de Echave considera que es un “buen camino para sincerar la realidad sobre la minería” y diseñar políticas públicas.

Servindi, 23 de setiembre, 2011.- El viceministro de Ambiente José de Echave manifestó que una Comisión de la Verdad sobre la Minería “es un buen camino para sincerar la realidad minera en el país y diseñar políticas públicas adecuadas para controlar sus efectos”.

Así lo declaró ayer en el conversatorio “Retos para un nuevo acuerdo social y ambiental en torno a la minería” que organizó la Red Muqui y Comunicaciones Aliadas.

El reto de una Comisión de la Verdad sobre la Minería -iniciativa propuesta en el Foro Nacional de los Pueblos reunido en Arequipa, es ayudar a desarrollar políticas públicas y para esto se requiere de actores políticos y sociales fuertes, agregó.

El viceministro presentó una agenda de diez temas claves y prioritarios de política pública nacional que son impulsados por el sector Ambiente del actual gobierno instalado el 28 de julio de 2011 y que tiene un componente ambiental, de derechos y de inclusión social.

Destacó que se requieren políticas de Estado inclusivas y un nuevo contrato social para el país. Dijo que si bien habrán algunas resistencias al cambio cuenta con la colaboración de los titulares de otros sectores como el ministro de Energía y Minas Carlos Herreza Descalzi.

Políticas nacionales

José de Echave anunció la necesidad de revisar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre porque aún subsiste en su contenido algunos asuntos preocupantes, además de no haber sido consultada adecuadamente a los pueblos y comunidades indígenas.

Señaló que es prioritario promover una gestión integral, sostenible y participativa de los bosques y discutir en serio la ampliación y protección de las áreas naturales protegidas.

Respecto a la Autoridad Nacional del Agua (Ana) sostuvo que es necesario fortalecer esta institución para que sea verdaderamente efectiva, rectora, normativa y repsonsable del recursos hídrico del país.

También anunció la construcción de un Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales “que funcione en serio” porque tal como funciona ahora es una “situación inadmisible”.

“Los estudios de impacto ambiental (EIA) se han privatizado al punto que el sector empresarial lo hace casi todo con una mínima participación del Estado”, precisó.

Echave sostuvo asimismo la necesidad de reorganizar la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debido a que tiene limitaciones estructurales y carece de los recursos adecuados para funcionar bien.

Del mismo modo sostuvo que el tema de ordenamiento territorial es insoslayable para fijar las áreas dónde se puede y dónde no se puede hacer minería. “El gobierno anterior trabajó un proyecto de ley sobre este tema pero se quedó a medio camino” indicó.

Otros temas señalados por el viceministro concierne a las áreas naturales protegidas, al manejo de los residuos sólidos que actualmente es espantoso, a los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Echave destacó la necesidad de descentralizar la autoridad ambiental a nivel regional para lo cual se transferirán recursos y capacidades a fin de consolidar una fuerte presencia descentralizada pues la agenda ambiental no está principalmente en Lima.

Estrategias ambientales

José de Echave señaló que las principales estrategias del sector Ambiente es el fortalecimiento institucional y la incidencia política en el propósito de apuntalar políticas de Estado de interés nacional y no solo sectorial.

Sin duda en el proceso habrá que vencer oposiciones pero es indispensable realizar este esfuerzo porque -a manera de ejemplo- el sistema de evaluación de los estudios de impacto ambiental “ha perdido legitimidad nadie cree en él”, expresó.

El gobierno prepara un informe para la Cumbre de Río+20 y es un reto para hacer un balance de la política ambiental en el Perú.

Respecto a la minería informal Echave admitió que la situación “está fuera de control” y es un caso de emergencia. Las medidas del gobierno anterior han tenido fueron afectistas y no han dado resultado.

Informó que la zonas de Las Palmas, en Tambopata, está totalmente invadida y el gobierno prepara medidas de emergencia a la altura de la situación.

Convención minera

Respecto a la Convención de empresarios mineros Echave opinó que lamentablemente abordan el tema de los conflictos socioambientales de manera tangencial y no reconocen que es una agenda legítima de algunos sectores sociales.

Las convenciones mineras se repiten de manera similar, escondemos la cabeza frente al tema y no se brinda una explicación razonable de por qué se incrementa el número de conflictos, afirmó de Echave.

Coincidencias

A su turno, la directora ejecutiva de CooperAccion, Julia Cuadros saludó las iniciativas planteadas por el sector Ambiente, y pidió que “las cosas se hagan bien y rápido”.

Manifestó que si bien se tienen coincidencias con el Ejecutivo, existe preocupación por las medidas que deben implementarse en el corto plazo.

“La Red Muqui tiene una agenda mínima que coincide con varios planteamientos presentados por el viceministro de gestión ambiental. Sin embargo, hay prioridades que si no se abordan en el corto plazo pueden complicar la democracia en el país”, indicó.

Por tal motivo, sostuvo que un primer reto para el Estado será recuperar su rol de garante de derechos de los ciudadanos y ciudadanas, poniendo por delante el bien común.

Sobre el nuevo gravamen que se aplicará a las utilidades netas de las empresas mineras, Cuadros indicó que si bien lo positivo de este nuevo esquema es que permitirá una recaudación más eficiente, pues se hace sobre la rentabilidad de las empresas, no queda claro cómo será gestionado.

“Nos preocupa que esto (la aplicación de un nuevo gravamen) signifique que se sigue apostando por un modelo primario exportador, basado en las industrias extractivas”, concluyó.

Por su parte el secretario ejecutivo de la Red Muqui, Edwin Gonzales informó que este conversatorio se enmarca en una serie de iniciativas que se promoverán en lo que resta del año, a fin de construir de manera conjunta una agenda mínima para encarar los conflictos mineros y lograr una gobernabilidad ambiental democrática.