Mujeres del pueblo Shawi. Imagen: La Voz de la Selva

Servindi, 5 de mayo, 2011.- El pueblo indígena shawi de la región San Martín se pronunció el pasado 27 de abril ante la presunta violación del derecho al territorio ancestral y al derecho de consulta.

La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), todas sus federaciones, entre ellas la Federación Regional Indígena Shawi – San Martín, FERISHAM, enviaron sendas cartas a la opinión pública expresando el temor de perder sus tierras ancestrales.

Los pronunciamientos se refieren a que sin su consentimiento ni consulta se pretendería vender más de 72,000 hectáreas de su territorio -a 0.80 céntimos cada hectárea- a la empresa coreana Ecoamérica S.A.C.

Los hechos se remontan al 2006, cuando Ecoamerica solicitó la titulación de 72,654 hectáreas al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), sin el conocimiento –ni consentimiento- de los pueblos shawis que viven en la zona.

Ante la falta de respuesta de Cofopri, en el 2010 la empresa coreana demandó al organismo y a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) de Loreto, apelando al silencio administrativo.

La petición tuvo el fallo favorable de un juez de Yurimaguas. Esta decisión fue apelada por el Procurador Público del Ministerio de Vivienda y Construcción, en representación de la SUNARP.

La Sala Mixta de Tarapoto emitió un fallo contra Ecoamerica. En tanto, Ecoamerica decidió apelar al Tribunal Constitucional, y el caso se encuentra pendiente ahora pendiente de una resolución final.

Por ello, las comunidades shawis ubicadas en el distrito de Pongo de Caynarachi, provincia de Lamas y en el distrito de Papaplaya, provincia y región San Martín, quienes conforman la FERISHAM, temen que las tierras les sean usurpadas.

En su carta mencionan que sus comunidades no tienen títulos de propiedad, sólo tienen un reconocimiento legal, a pesar que se encuentran en posesión de sus tierras desde tiempos ancestrales.

Denuncian que ninguna autoridad cumple con lo establecido por el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se menciona que los territorios indígenas deben ser respetados.

Por ello pidieron “una investigación por parte de los congresistas, los consejeros regionales, sobre esta situación que genera una afectación a nuestros derechos, se investigue la actuación de COFOPRI y del Juez de Yurimaguas”.

Asimismo solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, “para establecer una reunión de diálogo entre las autoridades y los pueblos afectados”.

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Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM)

El que suscribe es líder representativo macro de las Organizaciones Indígenas de la Región San Martin – CODEPISAM y sus Federaciones, como Federación de Pueblos Indígenas kechwas de la Región San Martin (FEPIKRESAN), Federación Regional Indígena de Shawi de la Región San Martin (FERISHAM), Federación Regional Indígena Awajun de Alto Mayo (FERIAAM), Consejo Étnico Kichwas de la Amazonía (CEPKA), Federación de Kichwas del Huallaga el Dorado (FEKIHD) con sus sedes, en la Provincia de Lamas, Provincia de Moyobamba, Provincia el Dorado, Distrito de Papaplaya, todas estas organizaciones perteneciente a la Región San Martin, pronuncia ante la Opinión Pública ante la presunta vulneración de derecho a la consulta y el derecho al territorio ancestral.

PRIMERO: Que como Líder de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín – CODEPISAM, conocemos que se está solicitando por la empresa COREANA ECOAMERICA la inscripción y titulación de más de 72,000 Has. a su favor, por un precio de 0.80 céntimos la hectárea para producción de cultivos, extracción de madera de los bosques y ganadería, sobre territorios que pertenecen a dos comunidades shawis y una kechwa que están en posesión ancestral y tienen reconocida su personería jurídica, extraña que esto lo han solicitado ante COFOPRI – LORETO desde el 2006 sin que se conozca y avise a las comunidades nativas y pueblos que viven en el distrito de Papaplaya, provincia San Martín, región San Martín.

Al no haberse pronunciado COFOPRI origino que se considere afectada la empresa, solicitando la aplicación en vía judicial del silencio administrativo, para que se titula e inscriba las tierras a su favor, logrando una sentencia favorable por un juez de Yurimaguas, esta decisión fue apelada en su momento por el Procurador Público del Ministerio de Vivienda en representación legal de Registros Públicos ante la Sala Mixta de Tarapoto resultando en segunda instancia desfavorable a la empresa, esto origino que fuera cambiado o destituido el funcionario; ahora la empresa coreana ECOAMERICA apelo ante el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie. Los Pueblos indígenas tenemos nuestra costumbre, no entendemos su justicia, no somos parte de ella no contamos con recursos.

SEGUNDO: No entendemos la actuación de COFOPRI LORETO que procede a titular a empresas en tierras de comunidades, sin realizar verdaderas inspecciones o constataciones, sin notificar a las partes afectadas colindantes y en territorios que estarían fuera de su propia jurisdicción política abarcando ámbito territorial de otra región, situación que nos parece irregular, su lentitud administrativa para dejar que afecte a la empresa y esta proceda a nivel judicial, sin intervención de su procurador para cautelar los derechos del Estado. Tal como lo dice el art. 17, inc. 3. del Convenio 169 de la OIT, deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

TERCERO: Para el pueblo indígena esto no es un asunto judicial, si no es deber de la autoridad regional y nacional cautelar los derechos de los pueblos indígenas, sus territorios, sus recursos naturales que no han sido consultados en ningún momento sobre la disposición de sus territorios y recursos, nunca se aviso de la pretensión de esta empresa a nivel administrativo y judicial formalmente, para ejercer nuestros derecho de defensa como pueblo indígena. Por lo que consideramos que esta entrega de tierras serían nulas y contrarias, conforme lo establecido en el Artículo 89° de la Constitución Política que señala que las Comunidades Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas.

La propiedad de sus tierras es imprescriptible y conforme lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, artículo 14, deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

Ante esto nos sumamos al reclamo realizado por nuestros hermanos indígenas shawis y kechwas de la provincia de San Martín, decimos lo siguiente:

DENUNCIAMOS la entrega de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas a las empresas nacionales y extranjeras sin respetarse el derecho a la consulta, sin reconocerse el derecho al territorio ancestral que poseen las comunidades nativas; del derecho de ser informado en caso de afectarse sus territorios por terceros por parte de COFOPRI – LORETO.

EXIGIMOS la intervención del Gobierno Regional de San Martín ante las autoridades de COFOPRI – LORETO que otorgan títulos de propiedad a empresas que no se encuentran dentro de su jurisdicción.

EXIGIMOS LA TUTELA Y PROTECCIÓN EFECTIVA por parte del Estado, de nuestros derechos como pueblos indígenas conforme lo establece el art. 14, inc. 2 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. En este sentido PEDIMOS LA INTERVENCIÓN de la Procuraduría de la República, del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, para que se considere el apoyo legal a los pueblos indígenas para la defensa de nuestros derechos y de los interese del Estado.

REALICE UN INFORME TÉCNICO el GOBIERNO REGIONAL a través de sus Gerencias, Oficina Ordenamiento y Planificación Territorial y ORDEPISAM, para establecer si realmente están siendo afectados los territorios de las comunidades nativas por la empresa ECOAMERICA y si están ubicadas en territorios de la región San Martín.

CULMINAR el proceso catastral y de titulación de las comunidades nativas debiendo ser saneadas física y legalmente y georeferenciación con sus respectivos limites e hitos. Se continúe través de la ORDEPISAM otorgándole presupuesto. Debe continuarse con el Proyecto de Protección y Conservación Territorial de las comunidades, queremos que sea efectivo; solo una comunidad nativa Shawi ha sido titulada, la comunidad Charapillo y la comunidad Santa Rosa solamente se georeferenció parcialmente.

ESTABLECER en forma inmediata una ordenanza regional que reconozca el derecho a la consulta como lo han realizado otros gobiernos regionales, como se comprometió en la mesa de diálogo con los pueblos indígenas posteriores al conflicto de Bagua. Conforme lo establece el art.15 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT, en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

CONSTATAR por la Autoridad Regional Ambiental y de la DRR.NN. y AAA del estado de los trabajos y actividades forestales que se encuentra realizando esta empresa ECOAMERICA en los bosques que corresponderían a la región San Martín.

BRINDE GARANTÍAS A LOS LÍDERES COMUNALES, conocemos de la muerte de un dirigente de la asociación de productores Nuevo Papaplaya por razones no esclarecidas, quien era uno de los dirigentes que encabezaba protesta por la pérdida de sus tierras.

PEDIMOS una investigación por parte de los congresistas, los consejeros regionales, sobre esta situación que genera una afectación a nuestros derechos, se investigue la actuación de COFOPRI y del Juez de Yurimaguas.

PEDIMOS la intervención e intermediación de la Defensoría del Pueblo para establecer una reunión de diálogo entre las autoridades y los pueblos afectados para que se pueda dar una solución al conflicto territorial.

ADVERTIMOS las actividades de la empresa al llegar a las propias comunidades, se ejercerá el derecho de defensa territorial de acuerdo a costumbres.

PEDIMOS EL RESPALDO DE NUESTRAS AUTORIDADES ante a la injusticia de poder perder nuestros territorios ancestrales.

Rumaldo Napo Huayunga

PRESIDENTE de CODEPISAM

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Carta del Pueblo Indígena Shawi de San Martín

WA’AN KAPINI NINUNTATUI YUNKIRAISU’

“ENTRE LOS JEFES NOS REUNIMOS PARA PENSAR”

Los pueblos indígenas shawis ubicados en el distrito de Pongo de Caynarachi, provincia Lamas y en el distrito de Papaplaya, Provincia y RegiónSan Martin, que conforman la Federación Regional Indígena Shawi - San Martín, FERISHAM, nos pronunciamos ante presunta vulneración del derecho al territorio ancestral y del derecho a la consulta, a la opinión pública, organizaciones sociales, Gobierno Regional, Congreso de la República y otras autoridades estatales, para que se considere nuestras expresiones:

Como líderes shawis, tomamos conocimiento a mediados del año 2010, por parte de una asociación de productores de Nuevo Papalaya afectada por la empresa coreana ECOAMERICA, se estaba solicitando a través de una demanda judicial contra COFOPRI y Registros Públicos de Loreto, por la demora en la inscripción y titulación de 72,654 hectáreas, esto lo solicitaron al Juez de Yurimaguas, quien dictó una sentencia a su favor; posteriormente el Procurador Público del Ministerio de Vivienda y Construcción, en representación legal de Registros Públicos - SUNARP, apeló a la Sala Mixta de Tarapoto; quien emitió en segunda instancia un fallo contra la empresa ECOAMERICA y esta decidió apelar al Tribunal Constitucional de la República, encontrándose pendiente de resolver.

Nuestras comunidades nativas no tenemos títulos de propiedad, solo tenemos reconocimiento legal, estamos en posesión de nuestras territorios ancestrales. No es justo que nuestras tierras de las comunidades están valoradas en 0.80 céntimos cada hectárea, se les quiere entregar sin comprender el significado de la vida espiritual de la naturaleza, de los árboles, los animales que cuidan al pueblo indígena shawi.

Esta situación se presenta desfavorable para nuestro pueblo shawi, porque en ningún momento conocíamos que se estaban solicitando nuestras tierras ante COFOPRI-LORETO, ni judicialmente, ahora dicen que la ley favorece a la empresa para aplicación del silencio administrativo, no estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas con sus leyes, no somos parte del proceso, no existimos para el Estado, ni contamos con recursos para defendernos ante esta situación. Ninguna autoridad cumple con lo que dice el Convenio 169 de la OIT que dice que se deben respetar los territorios de los pueblos indígenas y que el Estado deben hacer lo necesario para que se respeten. Ninguna autoridad se pronuncia, ni interviene, que tenemos que hacer para seamos escuchados y tengamos justicia.

El pueblo indígena shawi esta entristecido e indignado, mañana podemos perder el territorio de nuestros ancestros, nuestra tierra madre, donde monteamos y cazamos animales, recolectamos plantas medicinales para curarnos, del bosque viviente cubrimos múltiples necesidades; nada nos da el Estado, la escuela esta abandonada, los niños están sin profesor; nos preocupa las actividades de esta empresa que ha iniciado actividades sobre los bosques por que estamos en la cabecera de las quebradas, esto sentimos nos pueden afectar, queremos dialogar pacíficamente, se nos escuche, se respete nuestro derecho al territorio, no queremos sufrir otro baguazo estamos preparados para luchar por nuestras tierras, sino tomaremos justicia de acuerdo a nuestras propias costumbres.

No entendemos por qué el Estado entrega nuestras tierras a esta empresa sin consultarnos, en el silencio, no somos ciudadanos de segunda clase, somos peruanos, ciudadanos con otra costumbre, otra cultura diferente, siempre hemos pedido que nos den nuestros títulos y se limite nuestras tierras, en cambio a esta empresa que no reside en el país por poder económico se le atiende.

No es justo que vengan de otro país a quitarnos nuestras tierras, donde nuestros hijos y nietos indígenas van a buscar su sustento, para nosotros es como nuestro mercado.

CONFIAMOS que el Gobierno Regional de San Martín asumirá su responsabilidad con el pueblo indígena, de terminar de sanear física, legal y titular a las comunidades para que no existan este tipo de problemas; se busque una solución para los conflictos de límites entre las regiones de Loreto y San Martín. Pedimos se establezca un diálogo urgente con los funcionarios del Gobierno Regional para buscar una solución.

Como señala el art.14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

PEDIMOS DE URGENCIA se realice un informe técnico con una constatación en el lugar para determinar si existe una superposición territorial de la empresa, sobre los territorios de las pueblos indígenas shawis y SE INFORME A NOSOTROS Y AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de los resultados de la visita a la comunidad Santa Rosa de quebrada matador de la etnia shawi, la comunidad nativa San Manuel de Nashatawri, quebrada apagüeño y la comunidad nativa Santa Sofía de la etnia kichwa; ubicadas en el distrito de Papaplaya, provincia y región San Martín; y del propio territorio de la región San Martín, entendemos se encuentran afectados otros pueblos de asentados.

Artículo 12 del Convenio 169 de la OIT. - Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos.

REGLAMENTE a la brevedad el derecho a la consulta libre, previa e informada, con la participación indígena a nivel regional para evitar que se vulnere nuestros derechos de los pueblos indígenas.

Art. 15 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

ACLARE actuación de COFOPRI – LORETO Y REGISTROS PÚBLICOS, situación que afecta nuestros derechos territoriales. No entendemos porque nos discrimina COFOPRI por que no se titulan a las comunidades nativas.

SOLICITAMOS la intervención de los consejeros regionales y los congresistas electos de San Martín, para que se fiscalize estos hechos irregulares.

ORDENA al Procurador Regional, a los Gerentes Regionales, encargados para que defiendan, los recursos naturales, los territorios de los pueblos indígenas y la jurisdicción política y el territorio de San Martín.

PEDIMOS la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la vulneración de nuestros derechos al territorio y el derecho a la consulta.

Las ONG que trabajan derechos humanos y con pueblos indígenas que intervengan y nos apoyen.

PEDIMOS a los hermanos de las federaciones de los pueblos indígenas, organizaciones nacionales indígenas, de las rondas campesinasde San Martín, se pronuncien y nos apoyen ante esta situación injusta.

No tenemos otras tierras, nuestro pueblo shawi espera el resultado, en la tierra sagrada de nuestros ancestros, nuestra vida esta ligada a la tierra. Somos pueblo indígena que ha luchado siempre. Si el Estado no nos atiende y guardan silencio, anunciamos que tomaremos medidas radicales para defendernos aplicando las costumbres y tradicionales.

Papaplaya, 27 de abril del 2011.

Federación Regional Indígena Shawi San Martín