Servindi, 13 de abril, 2011.- El Fiscal Superior de la primera Fiscalía Superior Mixta del Ministerio Público de Ancash pidió 30 años de pena privativa de la libertad y el pago de cinco mil nuevos soles, para los campesinos que protestaron contra la actividad minera en el cerro Condorhuain.

En el expediente, el Fiscal acusa a Carmen Shuan, Basilio Lázaro, Teodoro Rodríguez, Alejandro Vargas, Luciano Caushi, Antonio Flores, Paula Macedo y Eustaquia Miranda, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – lesiones graves, en agravio de Victoriano Sánchez.

En tanto, Raúl Ángeles, Vicente Castromonte, Antonio Carrillo, Américo Sánchez, Eugenio Gonzales, Alejandro Coral, Cosme Haro, Macario Santos, entre otros, son imputados por el delito contra la libertad – secuestro, en agravio de Victoriano Sánchez, y Emiliano Cochachín.

Asimismo, son acusados por el delito contra el patrimonio – daños agravados, en perjuicio de la Comunidad Campesina Santiago Antúnez de Mayolo de Paccha y de la Corporación de Comuneros Unidos Miguel Grau de Seqta; y por el delito contra los Medios de Transporte y Comunicación y otros servicios públicos en agravio del Estado.

Cronología de la protesta

Los hechos sucedieron en abril del 2003, cuando un grupo de cerca de 300 personas ingresaron al cerro Condorhuain, para protestar contra la Minera Barrick Misquichilca por la explotación minera que viene desarrollando en la zona.

Durante la protesta se destruyeron casetas de vigilancia de la Corporación de Comuneros Unidos Miguel Grau de Seqta –quienes brindan servicios a la minera– y se bloqueó la carretera Palmira- Santo Toribio, a la altura del centro Poblado de Pongor, impidiendo el tránsito vehicular.

Para el 19 de abril de este mes, se programó la verificación de los debates orales en audiencia, es decir la concurrencia y manifestación de los testigos a fin de contrastar los datos y continuar con el proceso judicial.