Servindi, 24 de enero, 2014.- El ministerio de Cultura notificó ayer a Energía y Minas el levantamiento de observaciones al Proyecto de Ampliación de Actividades en el Lote 88 a pesar de poner en grave riesgo e indefensión el derecho a la vida, salud e integridad de poblaciones extremadamente vulnerables. 

La decisión fue conocida el miércoles 23 por la noche cuando el sector Cultura difundió un comunicado en que se indica que el viceministerio de Interculturalidad declaró absueltas las 37 observaciones al estudio de impacto ambiental (EIA), luego de recibidas dos respuestas de la empresa concesionaria a través del Ministerio de Energía y Minas.

Los informes de opinión técnica vinculante, además de una presentación sobre el proceso de evaluación del EIA realizada por el Viceministerio de Interculturalidad pueden ser encontrados en el siguiente enlace: http://cultura.gob.pe/interculturalidad/lote88

Como lo han señalado organizaciones indígenas y diversas instituciones especializadas en derechos humanos ampliar las actividades extractivas en el lote 88 implica violar el principio de no contacto y el de intangibilidad, dos principios jurídicos internacionales que concretan la protección del derecho a la vida y a la salud de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial.

Especialistas y ex funcionarios del ministerio de Cultura como Hernán Coronado y Paulo Vilca renunciaron -según declaró este último- por presiones políticas orientadas a dar paso al proyecto de ampliación.

Paulo Vilca sustentó 85 observaciones que no han sido absueltas y consideraron que para la situación es aplicable el principio de No Contacto, que deviene “una garantía de protección efectiva de su derecho a la vida, dada su vulnerabilidad física (inmunológica) y cultural”.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) advirtió hace unos días que no existen las condiciones para ampliar el proyecto y que el viceministerio de Interculturalidad desconoce abiertamente los principios de no contacto e intangibilidad.

Lo grave es que “lo hace a sabiendas que no ha implementado medidas de protección a favor de los pueblos en aislamiento” que la legislación le obliga. Esto refuerza una “situación de indefensión” calificada de “irresponsable” por el IDL.

La decisión deja de lado e ignora asimismo las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas James Anaya recomendó que el Gobierno lleve a cabo un “estudio exhaustivo” de los pueblos indígenas en la región del proyecto de gas, y “‘no proceder con la propuesta de ampliación sin asegurar previamente y de manera conclusiva la no vulneración de sus derechos humanos.”

Pilar Camero, de la asociación DAR, declaró que la expansión podría llevar a “encuentros violentos” entre los trabajadores del proyecto de gas y los pueblos indígenas, “incremento de la tasa de morbilidad y mortalidad”, pérdida de tierras y acceso a los recursos, y la contaminación ambiental.

“El Estado peruano debe implementar las recomendaciones dadas por el Relator“, dice Camero. ” Está en juego asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial tanto de las personas que los integran como la supervivencia cultural de dichos pueblos.” afirmó al periódico The Guardian.