Servindi, 20 de octubre, 2013.- Un comunicado suscrito por numerosas personas e instituciones del Perú y el extranjero emplazan al Estado peruano a implementar adecuados y estrictos “protocolos de protección” para los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial sometidos a enormes presiones por las industrias extractivas e infraestructuras.

Señalan que es urgente implementar protocolos de “protección estricta” con los pueblos en aislamiento voluntario, y protocolos de “protección y relacionamiento” con los pueblos en contacto inicial que han optado por empezar a relacionarse con la sociedad occidental.

Advierten la imperiosa necesidad de analizar a profundidad “las consecuencias culturales de este proceso, garantizando un adecuado relacionamiento e interacción con la sociedad occidental”.

Alertan sobre la presión que sobre sus territorios ejerce la industria extractiva y de infraestructura, tal como ocurre en la zona del Bajo Urubamba donde además debido a su cercanía al VRAEM existe una progresiva militarización.

Asimismo, desmienten y rechazan la información vertida en los diarios El Comercio, Gestión y Canal N, que sostienen de manera ligera y poco informada la inexistencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Tales versiones periodísticas confunden a los pueblos en “aislamiento” con los pueblos “en contacto inicial” y con comunidades indígenas que mantienen una relación sostenida con la sociedad occidental.

El comunicado sostiene que es falsa la afirmación de que las organizaciones indígenas y las que defienden los derechos humanos obstaculicen el desarrollo del país.

Lo que buscamos es construir un desarrollo responsable, sostenible e inclusivo, que respete los derechos de los pueblos indígenas u originarios, indican.

A continuación el comunicado completo:

Sí existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Perú, son peruanos y también tienen derechos

Mediante el presente pronunciamiento, organizaciones representativas de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en pro de la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, académicos, investigadores y especialistas queremos llamar la atención del Estado y la sociedad en su conjunto sobre la situación actual de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o en Aislamiento Voluntario, y Pueblos Indígenas en Contacto Inicial en el Perú.

En ese sentido, reiteramos que los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario existen y viven en la Amazonía peruana, así como los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, que son aquellos que han optado por empezar un relacionamiento con la sociedad occidental. La existencia de ambos y sus diferencias son reconocidas por el Estado peruano en su legislación, y en documentos y estudios oficiales, que lo han llevado a suscribir compromisos nacionales e internacionales para su protección. Asimismo, múltiples estudios académicos y material gráfico (videos y fotografías) documentan su existencia, así como informes de autoridades nacionales como la Defensoría del Pueblo y del sector salud. Ambos pueblos, aunque de manera diferente, son vulnerables en cuanto a su baja inmunidad epidemiológica frente a enfermedades comunes en la sociedad occidental como un simple resfriado, lo cual en los años 80 debido a un relacionamiento inadecuado en sus territorios generó la muerte de muchos peruanos en contacto inicial. A pesar de ello, sus territorios son sometidos a una enorme presión extractiva y de infraestructura; como ocurre en la zona del Bajo Urubamba donde además debido a su cercanía al VRAEM existe una progresiva militarización.

Por ello:

1. Rechazamos la información vertida en los diarios El Comercio, Gestión y en Canal N medios que sostienen de manera ligera y poco informada la inexistencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, confundiendo a estos con Pueblos en Contacto Inicial y con Comunidades Indígenas que mantienen una relación sostenida con la sociedad occidental. Estas versiones periodísticas concentran la responsabilidad por la situación actual de los Pueblos Indígenas en las organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando con ellos, desconociendo que es el Estado quien ha estado ausente y de espaldas a la vida de estos pueblos desde los inicios de la República. Además, es falsa la afirmación de que las organizaciones indígenas y las que defienden los derechos humanos obstaculicen el desarrollo del país, pues lo que buscamos es construir un desarrollo responsable, sostenible e inclusivo, que respete los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Exigimos que el Estado priorice las políticas transectoriales especiales para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial, garantizando la vida y la salud como bienes supremos. Estas políticas deben materializarse urgentemente con la implementación de mecanismos e instrumentos concretos y diferenciados para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y para los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, considerando que estos últimos han decidido relacionarse con la sociedad occidental.

3. Emplazamos al Estado a la implementación de protocolos de protección estricta para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. Asimismo, instamos al Estado la implementación de protocolos de protección y relacionamiento con los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, analizando a profundidad las consecuencias culturales de este proceso, garantizando un adecuado relacionamiento e interacción con la sociedad occidental.

4. La problemática de los Pueblos Indígenas que habitan en el bajo Urubamba requiere de una estrategia de trabajo integral coordinada con los representantes indígenas que aborde medidas de inclusión (pertinente), desarrollo, monitoreo y mitigación de impactos para los Pueblos Indígenas asentados ya sea en comunidades nativas reconocidas y tituladas en el ámbito de influencia del proyecto Camisea, así como medidas adecuadas de protección y de relacionamiento con los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, y medidas de protección estricta para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.

5. Reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de la vida y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas de nuestra Amazonía y nuestra apuesta por el respeto y reconocimiento de los saberes y cosmovisiones indígenas.

6. Reiteramos la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad indígena en el Perú, garantizando la participación de los Pueblos Indígenas en toda decisión que implique impactos en sus vidas y derechos; así como el respeto por las decisiones que tomen, como parte de su libre determinación.

Organizaciones indígenas: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP); Confederación Nacional Agraria (CNA); Confederación Campesina del Perú (CCP); Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas del Perú (FEMUCARINAP); Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA); Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC); Organizaciones Indigenas que conforman el Pacto de Unidad; Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónicas (COICA); Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Organizaciones no gubernamentales y redes: Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO); Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Asociación Nacional de Centros (ANC); Asociación Servicios Educativos Rurales (SER); Asociación Marianistas de Acción Social (AMAS); Asociación Putumayo; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL); Centro de Sostenibilidad Ambiental (CSA) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas de Cusco (CBC); Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCION); Comisión de Justicia y Paz, Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos; Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CEPRODEH) Arequipa; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Derechos Humanos sin Fronteras Cusco; Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS); Forum Solidaridad Perú (FSP); Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); Grupo de Trabajo Propuesta Ciudadana (GTPC); Instituto de Defensa Legal (IDL); Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP); Instituto del Bien Común (IBC); Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS); Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC); PAZ y ESPERANZA; Perú Equidad; Programa Democracia y Transformación Global (PDTG); Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD); Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE); Red de Propuesta y Acción RED MUQUI; Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI; Vicaría de la Solidaridad – Oficina de Derechos Humanos, Asociación Civil Alianza Arkana; Asociación ARARIWA; Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA).

Suscripciones personales: Alberto Chirif, Armando Guevara Gil, Martin Scurrah, Marc J. Dourojeanni, Bartolomé Clavero, Pedro García Hierro, Verónika Mendoza, Bertha Reyna Izaguirre, Hugo Cabieses Cubas, Graciela María Mercedes Lu de Lama, Gustavo Zambrano, David Velasco Rondón, German Vargas Frías, Roberto Niembro Ortega, Javier Torres Seoane, Aldo Soto, Rosa Montalvo Reinoso, Marco Huaco, Juan Aste, Santiago Alfaro Rotondo, Alfredo García Altamirano, Mariella Leo, Vladimir Pinto, Ersa Gamarra, Carmen Rosa Arévalo Salas, Roberto Lee Apac Barruet, Carla García Zendejas, Consejeros Regionales del Cusco: Elena Emperqtriz Ascarza Quispe (La Convención), Milton Barrionuevo Orozco (Chumbivilcas), Pablo Olivera Baca (Anta), Marcial Concha Tupayachi (Urubamba), Yuri Cuno Vera (Calca).

Organizaciones internacionales: Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia); Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos -FOCO (Argentina); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía (RAMA); Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Amazon Watch; Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR); Survival Internacional; Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), Bolivia; Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE); Bios Iguana A.C. México; International Rivers; Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) Observatorio de Derechos Colectivos de Ecuador; Global Witness; Rainforest UK; Forest Peoples Programme (FPP); Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Venezola (WATANIBA).

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